En un comunicado, emitido a los medios de comunicación, se explica que la operadora filial de FT consiguió el contrato para prestar estos servicios en 1998 hasta diciembre del 2005

Fuentes del sector han cifrado el montante económico de este contrato en unos 18 millones de euros anuales, aunque la cifra final dependerá de las ofertas que reciba la Generalitat.

"La próxima finalización del contrato, juntamente con la situación del resto de contratos con los operadores, hacen que resulte necesario convocar el concurso público", que además deberá definir la estrategia tecnológica de voz y datos de la Generalitat, construir una oferta homogénea de servicios de Telecomunicaciones, restablecer el modelo de provisión y facturación de servicios, establecer el modelo de gestión de la red corporativa, asegurar la calidad del servicio y definir el plan de evolución de la red en el horizonte 2006-09, entre otros

Previamente a este concurso público, el Centro de Telecomunicaciones contratará los servicios de una consultora externa para dar apoyo al proceso de licitación, y el importe máximo de este servicio será de 300.000 euros.

La pérdida del contrato Al-pi podría significar su cierre

Al-pi surgió del proceso de privatización de la red de Telecomunicaciones del gobierno autónomo catalán y la presencia en el capital de la administración se interpretaba como la manera más efectiva de garantizar las inversiones contempladas en el concurso publico. En su momento se interpreto este concurso como un paso que diera lugar a un operador semipúblico catalán, al estilo de Euskaltel, que liderará la introducción de las nuevas tecnologías (Internet, banda ancha y telefonía) en Catalunya.

France Telecom fue el ganador del concurso en plena campaña de lanzamiento de UNI2 como operador alternativo a Telefónica y se acordó que su filial española cedería sus negocios en el mercado catalán al nuevo operador en el que la Generalitat tomaría una participación del 25%.

Si bien sus inicios fueron prometedores, pronto se desvanecieron las expectativas creadas. Los planes de inversión previstos no fueron efectuados y ambos accionistas se culpaban mutuamente de los incumplimientos.

A finales del 2000, fuertes rumores apuntaban a una salida de los franceses de Al-pi y a que la Generalitat tomaría el control de la firma. Por contra, otros rumores apuntaban en sentido contrario, señalando el interés de la administración catalana de desprenderse de sus acciones. Un acuerdo de última hora permitió reconducir la situación y seguir manteniendo la colaboración entre FT y la Administración hasta la finalización del contrato de prestación en servicios en diciembre del 2005.

La importancia de este contrato es clave porque el 35% de los ingresos de Al-pi todavía dependen del acuerdo con la Generalitat de Cataluña, a la que Al-Pi proporciona servicios de voz y de datos, además de controlar la red de telecomunicaciones de Justicia y una parte de los servicios de Salud.

Esta operadora cerró el año 2003 con unas pérdidas operativas de 0,2 millones de euros y una facturación de 48,4 millones, la perdida del contrato dispararía las perdidas y dejaría sin sentido seguir manteniendo esta compañía en Catalunya. Conocedores de la situación, apuntan, que en ese caso, UNI-2 asumiría los activos y operaciones de "al-pi", dando por finalizada la existencia de la singular filial catalana.