Agencias - El índice de penetración del móvil ha alcanzado ya el
92% de los ciudadanos españoles, y sus llamadas representan el 62 por ciento de
todos los beneficios de la telefonía en España, pero el precio medio de las
llamadas móviles no ha disminuido, según revela el informe de 2004 sobre las
telecomunicaciones electrónicas presentado hoy por la Comisión Europea.
Según este informe, el período 2003-2004 ha estado caracterizado por una clara,
pero hasta ahora tímida recuperación del sector. "Aunque los operadores
principales están cosechando beneficios otra vez, sólo el sector de telefonía
móvil registró inversiones más altas en 2003. Junto con la banda ancha, los
operadores de móvil están conduciendo el crecimiento en el sector: los servicios
móviles crecieron el 18% y los servicios de banda ancha el 88% en 2003", señala.
Por otra parte, aunque la competitividad en el mercado de teléfonos móviles ha
sido dinámica, con el tercer operador ganando una cuota de mercado del 20% en
2003, en el mercado de la telefonía fija el operador histórico, Telefónica, ha
perdido menos cuota de mercado que en años anteriores (ahora es el 81%).
Además, el mercado móvil es muy ágil, como lo demuestra la alta transferencia de
números (con unos 2,1 millones de números móviles el 1 de julio de 2004), lo que
lleva a que las llamadas de móvil representan el 62% de todos los beneficios de
la telefonía.
Por otra parte, según datos del Ministerio recogidos en el informe, en junio de
2004 había unos 2,6 millones de conexiones de banda ancha en España ( 46% más en
apenas un año), de las que el 25% se conectan vía módem (un aumento del 35% de
los clientes), y el resto vía ADSL (más del 50%). La cuota de mercado de los
operadores del cable era del 18% de 2003.
Respecto a las autoridades nacionales de regulación, el informe apunta que la
existencia de un total de cinco de las mismas, incluyendo al Gobierno y la
ausencia de definiciones absolutamente claras de las funciones de cada una es
"causa de un cierto malestar entre los operadores". Sin embargo, la
transferencia de la responsabilidad de la regulación de los precios al por menor
de la tarifa a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), conforme
a la nueva ley, ha sido dada la bienvenida por todos.
Asimismo, Bruselas se hace eco de que la CMT reconoce que la imposición de los
precios y de un estándar de eficacia a los nuevos operadores "puede constituir
un obstáculo a la creación de redes alternativas".
Los nuevos "están satisfechos con el porcentaje de disponibilidad incorporado en
la oferta de la referencia, pero denuncian que no se está ejecutando ni se está
haciendo cumplir". Se espera que el número de conexiones locales desagregadas,
aunque aún es bajo (unos 40.000 blucles completamente desagregados y unos 2.000
en uso compartido el 30 de de junio de de 2004), sea duplicado respecto al año
pasado (con un índice de crecimiento mensual del 20%).
Destaca también que el coste total medio mensual para alquilar una conexión
compartida entera o local está entre los más más baratos de la Unión.
Reducción de beneficios
El informe señala que los descuentos y promociones en los precios al por menor
del ADSL en España no se han trasladados a los precios al por mayor y han
ejercido una presión importante en los márgenes de los nuevos operadores.
Además, éstos han mostrado su preocupación por la reciente oferta de Telefónica
de doblar la velocidad de ADSL al por menor sin modificar precios, aunque sea
una buena noticia para los consumidores, puesto que "las tarifas estándares
ofrecidas hasta ahora han sido algo altas respecto a la velocidad".
Por otra parte, apunta su temor a nuevas distorsiones de la competencia debido a
la ayuda de las autoridades públicas al despliegue de la banda ancha como
estrategia nacional y subraya preocupaciones por parte de los nuevos operadores
por que las inversiones y ofertas públicas no se hagan de forma "abierta y
transparente".
Dos de los cuatro concesionarios de servicios de tercera generación comenzaron a
ofrecer los en 2004 y se pueden considerar como están "cerca de fase comercial".
Perdidas por el Servicio Universal
El apartado dedicado al servicio universal observa que Telefónica ha incurrido
en una perdida de 110 millones en el abastecimiento de servicio universal en
2002, pero que la CMT considera que no es necesario crear un fondo para el
servicio universal, puesto que el operador tradicional "no ha sufrido una
desventaja competitiva".
No obstante, plantea que el coste del servicio universal puede aumentar en 2003
y 2004 como resultado de la eliminación progresiva del sistema móvil rural
análogo a la telefonía (TRAC) y de su reemplazo por tecnologías que permiten el
acceso funcional de Internet. Actualmente, cerca del 77 por ciento de este tipo
de teléfonos permiten el acceso a la red, pero conforme a la ley, la totalidad
deberá permitir esta facilidad antes de fin de 2004.
Los operadores se quejan de varias obligaciones de servicio público que
soportan, tales como las llamadas de emergencia, la retención de datos, la
interceptación legal y abogan por una autoregulación sobre la calidad del
servicio. Los usuarios llaman la atención en cambio sobre los precios de
llamadas de fijo a móviles, el cobro obligatorio del "primer minuto
indivisible", y el acceso a la banda ancha en general.
Las compañías también expresan sus preocupaciones por la carga financiera que
deben soportar como combinación de una serie de impuestos nacionales y locales
(impuesto administrativo 0,15% de los beneficios, impuesto local del 1,5% de las
ganancias en cada municipio).
Legislación española
El informe apunta que el marco institucional en España ha experimentado una
serie de cambios en el último año, y que las primeras declaraciones del nuevo
gobierno han sido bienvenidas por el sector, aunque todavía no se ha terminado
la aplicación de la Ley general de Telecomunicaciones de noviembre de 2003.
La Comisión Europea considera que es importante analizar la coincidencia de
algunos aspectos de la nueva ley española con el marco regulador común. En
especial, muestra su preocupación por la ausencia de obligación de consulta a
nivel nacional de las partes interesadas, la falta de disponibilidad por parte
de las autoridades reguladoras nacionales para luchar contra la ausencia de
competencia eficaz, así como la ausencia de una definición de los instrumentos
que pueden imponer los reguladores a las empresas con peso significativo del
mercado (SMP) en mercados al por menor relevantes.
Por otra parte, apunta que también debe analizarse la conformidad con la
legislación europea de la disposición transitoria de la nueva ley que establece
que no se concederá ninguna otra licencia de la televisión por cable antes de
finales de 2009, si se refiere a servicios de transmisión.
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