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Así consta en el artículo tercero de dicha proposición de
ley, que propone que tanto la utilización como la distribución de este sistema
en las lenguas cooficiales del Estado "se establecerá, como cláusula obligada
o de mérito, en aquellos convenios de colaboración (...) que en el ámbito de las
nuevas tecnologías, la Administración del Estado suscriba con las Comunidades
Autónomas".
La proposición de ley, que consta de doce artículos, una disposición adicional y
una disposición final, pide al Gobierno, además, que para satisfacer dicha
finalidad fomente "con medidas adecuadas la producción, distribución y
comercialización" del llamado software libre en las lenguas cooficiales del
Estado: el catalán, el euskera y el gallego.
El grupo parlamentario de ERC en la Cámara Baja propone que el Estado
sufrague "total o parcialmente" con dinero público la implantación de
este sistema, de modo que sea patrimonio suyo y facilite el acceso y uso del
mismo a cualquier ciudadano. Los nacionalistas catalanes consideran, según
refleja el texto de la iniciativa, que "no sería posible el servicio de
Internet actual sin software libre", así como tampoco "sería posible
el software libre sin los protocolos libres de Internet".
Por ello, este sistema, de bajo coste, ha alcanzado "un alto grado de
consolidación" y supone importantes ventajas económicas, estratégicas y
sociales para las administraciones públicas, sobre todo. Asimismo, en caso
de que el Estado asuma esta iniciativa, estará contribuyendo a la formación
de profesionales de nuevas tecnologías y al desarrollo local bajo planes
estratégicos propios.
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