Agencias - El informe de los expertos designados por el Gobierno para reformar los medios públicos de comunicación exige, respecto a Televisión Española, un mayor esfuerzo de estímulo de la producción cinematográfica española (7 por 100 de los ingresos en inversión, frente al 5 general) y en la programación (30 por 100 de cine español, 50 por 100 de cine europeo y coproducciones), así como de la producción independiente audiovisual y de ficción (15 por 100 del tiempo, frente al 10 por 100 general).

Se aboga por un refuerzo de la programación de producción propia, nacional y europea (con el establecimiento de porcentaje obligatorio sobre el total), y que tenga en cuenta a los colectivos que componen las minorías, generalmente menos atractivos comercialmente, como la infancia y los jóvenes, los discapacitados, tercera edad, inmigrantes, minorías culturales, étnicas o lingüísticas.

El informe defiende también la potenciación del actual Instituto Oficial de Radio Televisión como Centro de Investigación y Formación Audiovisual y Multimedia, para impulsar la transición digital y como plataforma de estudio de los medios al servicio de la sociedad española.

 Igualmente, los expertos apoyan la creación de una Fundación RTVE, abierta al patrocinio, que potencie su labor de proyección cultural, cobijando la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, en colaboración con el INAEM del Ministerio de Cultura.

El informe propone que se programen espacios que permitan el ejercicio del derecho constitucional de acceso de los colectivos sociales representativos. Se plantea la necesidad de una potenciación de los canales exteriores de radio y televisión, en colaboración con la cooperación cultural y la proyección exterior de España y de sus lenguas y culturas.

Según el criterio de los expertos, la nueva RTVE, como locomotora de la transición hacia la radio (DAB) y la televisión digital terrestre (TDT), debiera disponer de nuevos canales abiertos de servicio público, que exigen dos múltiples completos, y de un auténtico portal en Internet. Se trata de conformar al servicio público como puerta universal para el acceso a la Sociedad de la Información para todos los ciudadanos, incluyendo los beneficios de la administración electrónica.