El proceso se ha iniciado esta semana en la Corte Superior de California, en la
ciudad de San Francisco, y se enfrenta a acusaciones de robo de secretos de los
revendedores, quebrar contratos con centros de servicio tecnico e incluso de
venda de equipos usados como nuevos.
Al ser un proceso colectivo la acción procura incluir cualquier consumidor de
la compañía que haya adquirido un producto o utilizado servicios de soporte de
la misma desde 1995, excluyendo empleados de las compañías demandantes.
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