Respecto a la figura de operador móvil virtual, creada en marzo de 2002 por orden ministerial, permite a una compañía ofrecer servicios de telefonía a sus clientes a través de las redes de las operadoras existentes, Telefónica Móviles, Vodafone y Amena.
El hecho de que los acuerdos se tengan que pactar libremente entre las entidades ha hecho que esta figura no se desarrolle en España.

Por ello, el grupo socialista del Congreso, cuando estaba en la oposición, pidió una regulación que contemplara la intervención de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), para imponer condiciones de acceso cuando no hubiera acuerdo entre las partes, iniciativa que fue rechazada por el PP.

Las telecomunicaciones por IP se están desarrollando con mucha rapidez, y se considera que en el futuro será la tecnología que dominará en el mercado y que permitirá mayores posibilidades de voz y datos con menores costes.

La CMT hizo público recientemente el resultado de una consulta pública sobre la regulación de la voz por IP y recomendaba una regulación mínima, con un nuevo rango de numeración específico, con el mismo tipo de numeraciones geográficas de la telefonía fija y permitiendo conservar la numeración en caso de pasar de un operador tradicional a uno IP.

La CMT explicaba que los servicios de voz por IP requieren de un acceso de banda ancha y podrán comercializarse como servicios adicionales al telefónico tradicional y ser personalizados de forma que cada miembro de la familia tenga uno propio.

En la actualidad varios operadores ofrecen ya servicios de voz IP, pero la falta de regulación hace que sólo se puedan realizar comunicaciones entre clientes de la misma operadora.
El plan aprobado hoy también establece la regulación de la transmisión de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico, para lo que la Ley General de Telecomunicaciones
incluye la creación de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones.

El Gobierno también trata de impulsar la incorporación de las pymes a la Sociedad de la Información a través del incremento del 10 al 15 por ciento de la deducción de la cuota del Impuesto de Sociedades.