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Chile : Denuncian la negativa influencia de antenas de telefonía móvil cercanas a su hogares
Asociaciones de vecinos del municipio popular chileno de la Florida (suroeste de Santiago), han denunciado los efectos nocivos que están sufriendo debido a la presencia, cada vez mayor, de antenas de telefonía móvil cercanas a sus hogares y como consecuencia de las radiaciones electromagnéticas empleadas por esta tecnología.

 
 
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Transmedia.cl - En declaraciones a la prensa local recogidas por la agencia de Noticias IPS News, la portavoz de las asociaciones vecinales, Sandra Mancilla, explicó que éstos deben vigilar día y noche los alrededores de la localidad porque las empresas "acostumbran a colocar las antenas de madrugada", ante lo que los afectados, organizados por turnos, hacen guardia en los terrenos cercanos.

"Los ciudadanos se han visto obligados a tomar estas medidas porque el Gobierno privilegia los intereses económicos de las empresas de telefonía sobre el bienestar de la población", coincidió la presidenta de la Coalición Nacional de Defensa del Medio Ambiente (CONADEMA, formada por 2.000 afectados), Teresa López.

El continuo aumento de los usuarios de telefonía móvil, que ya supera en Chile los nueve millones, es decir, dos tercios de los habitantes del país, ha 'obligado' a las empresas a repartir antenas por todo el territorio nacional, incluso en escuelas y guarderías infantiles, centros médicos, parroquias y hogares de ancianos, según denuncian los activistas.

Según datos de la Subsecretaría gubernamental de Telecomunicaciones (SUBTEL), hay cerca de 6.000 antenas en el país, la mayor parte de ellas ubicadas en la capital. Suelen ubicarse en torres, estanques de agua, techos o laterales de edificios, a una altura media de 30 metros en zonas urbanas y de 60 metros en zonas rurales.

"No estamos en contra de la tecnología, sólo queremos que el Gobierno nos escuche y que podamos llegar a un acuerdo que nos beneficie a todos", precisa López, que también hace un llamamiento a los vecinos que arrendan sus terrenos por una media de 1.000 dólares mensuales (750 euros) a empresas de telefonía para que instalen sus antenas.

CONADEMA, la Red Nacional Ecológica y el grupo Formación Jurídica para la Acción (FORJA) presentaron un recurso judicial contra el Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2002, en nombre de 25.000 personas de Chile y de algunos otros países de América Latina, que hasta la fecha no se ha resuelto.

Según los afectados, las antenas violan varios principios constitucionales, entre los que destacan los derechos a la salud y a vivir en un ambiente libre de contaminación. También denuncian la depreciación de los precios de sus viviendas, confirmada por el Instituto Inmobiliario de Chile.

López denuncia que en la ciudad costera de Concón, en el centro de la V Región, hay 24 antenas en un radio de un kilómetro y una gran cantidad de personas enfermas de cáncer, situación que según dice, se repite en otros lugares.

Falta de voluntad política

"Alguien debe confirmar a los ciudadanos que la radiación electromagnética es dañina para la salud, porque las autoridades no tienen contemplado aplicar el principio de precaución ni mucho menos el derecho a la información", señala la abogada de FORJA, Alejandra Arriaza, que recordó que, según el artículo 15 de la Declaración de Río de Janeiro, firmada por Chile en 1992, "con el fin de proteger el Medio Ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución, conforme a sus capacidades".

También especifica que, "cuado haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del Medio Ambiente".

El proyecto de ley que se discute hace cuatro años en el Congreso contempla, entre otras cosas, que cada municipio tenga mayores facultades para evitar la instalación de antenas en su territorio y fija en cerca de 100 metros la distancia mínima a escuelas y viviendas.

Las empresas de telefonía móvil, por su parte, se han manifestado en contra de la iniciativa, alegando que "no existen estudios científicos concluyentes que demuestren que la radiación emitida por las antenas es peligrosa para la salud humana", y recordando que cumplen con lo exigido por la ley.


 

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domingo, 25 mayo 2014

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