Determinados agentes están intentando que se legisle a favor de un canon o impuesto que grave a los soportes, equipos, redes de telecomunicaciones o accesos a Internet. Para ello se criminaliza constantemente al usuario y al proveedor de tecnologías, comparándolos con los grupos que vulneran sistemáticamente y con ánimo de lucro los derechos de propiedad intelectual y las mafias que los sustentan, es decir con la piratería.

Esto se produce cuando la Administración, las empresas, los sindicatos, y la Sociedad, en general, están trabajando con el objetivo de impulsar y desarrollar la Sociedad de la Información en España, lo que permitirá mejorar la competitividad y productividad de nuestro país, así como las condiciones de trabajo y calidad de vida.

Las nuevas redes y servicios de telecomunicación, basados en la tecnología, han propiciado un cambio en el entorno al que es preciso adaptar los procedimientos anteriores de protección de los derechos de autor. La tecnología digital permite la gestión directa de los derechos de propiedad intelectual y la existencia de sistemas de protección contra la realización de copias ilegales.

Además, Internet propicia un cambio de modelo, con canales de distribución alternativos a los tradicionales.

Todos los elementos que intervienen en la TIC, (soportes, equipos y redes de telecomunicaciones) sirven tanto para los contenidos que tienen derechos como para los que están libres de ellos.

La existencia de un “canon” sobre los elementos mencionados introduciría una múltiple imposición, ya que se pagarían derechos por compra o adquirir contenidos, se volverían a pagar por el hecho de almacenarlos en un dispositivo y por moverlos a través de una red de telecomunicaciones. Esto supone un lucro excesivo no justificado.

El “canon” no soluciona el problema de fondo y podría de alguna manera servir de excusa para “legitimizar” la actividad ilegal de los contenidos y de los productos culturales. Así, la imposición de un “canon” en las líneas de banda ancha daría “apariencia” de legalidad a una actividad que ahora es ilegal.

Además, para fijar el canon, se quiere tomar como referencia el daño cierto causado por la vulneración sistemática y con ánimo de lucro (piratería), en vez del perjuicio teórico derivado de la copia privada, que es la única referencia que se podría tener en cuenta legalmente. De esta forma se consigue a través de la recaudación debida al canon por copia privada resarcir las pérdidas por otro concepto diferente como es la copia y distribución ilegal con ánimo de lucro.

El canon actualmente llega a representar un porcentaje importante sobre el precio del producto, en algunos casos más del 70 por ciento, lo que puede incentivar el fraude y la competencia desleal, favoreciendo así la deslocalización de actividades, con la posible pérdida de empleo en este sector en nuestro país.

La evolución del mundo analógico al digital permite, además, la gestión de los derechos de autor a través de métodos distintos al “canon”, como son los TPMs y DRMs (Tecnological Protection Measures y Digital Rights Management). El uso masivo de estos sistemas asegura la protección y gestión de los derechos de autor.

El canon es un elemento de distorsión de este proceso, un anacrónico e injusto “canon” daría al traste con el esfuerzo colectivo para impulsar en nuestro país la Sociedad de la Información.

Las organizaciones abajo firmares rechazan el establecimiento de cualquier canon que grave los soportes, equipos, redes de comunicaciones o Tecnologías, a la vez que recomienda la utilización de los sistemas digitales existentes en el mercado para controlar y gestionar los derechos de autor, y que han demostrado su efectividad. Además, la violación de esos sistemas está debidamente tratada en la legislación como otra actividad para los que existen procedimientos claramente diferenciados.

La imposición de este canon en el mundo digital puede frenar la incorporación de muchos ciudadanos a la Sociedad de la Información, lo que afectará a nuestro futuro como país y como sociedad, haciendo aún más palpable la denominada “brecha digital” respecto a otros países de nuestro entorno. El futuro pasa necesariamente por el uso masivo de las TIC, tanto en el trabajo como en el hogar.

Estas organizaciones han firmado una declaración conjunta en la que manifiestan su rechazo hacía este tipo de gravamenes sobre soportes de almacenamiento y proponen a la industria musical que apueste por sistemas DRM como mejor manera de limitar la copia ilegal de sus producciones amparadas por derechos de autor.

Estos son los tres puntos que presentaran estas organizaciones al conjunto de la sociedad y a los diputados españoles: