El presidente de Hispalinux, Juan Tomás García, afirmó
ayer que el software libre evoluciona "más rápido y dispone de mejores
soluciones" que el privativo, aunque los poderes públicos frenan la "locomotora"
del progreso social y el desarrollo tecnológico en la sociedad del conocimiento.
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Para García, cuya asociación defiende los intereses de los
usuarios del software libre en España, la sociedad no puede concebirse ya sin
Internet e Internet es "mayoritariamente" software libre. Los lenguajes y
formatos de Internet son "libres y abiertos", explicó, y esa cualidad es la que
precisamente ha propiciado su evolución imparable.
García, que participó en las Segundas Jornadas Tecnológicas Andaluzas de
Software Libre celebradas en Mollina (Málaga), señaló que la "calidad técnica"
del software libre puede apreciarla cualquiera que conozca los lenguajes
informáticos porque está disponible en Internet, y destacó que los "beneficios
sociales y económicos" que derivan del conocimiento abierto "los han sabido ver"
en Andalucía y Extremadura. En su opinión, las administraciones de estas dos
comunidades, que están utilizando software libre, tienen el "deber de difundir
su experiencia" a los ciudadanos, las empresas y otras administraciones.
El software libre es útil para muchas personas que incluso desconocen que lo
usan, pero la "batalla", advirtió, ha dejado de estar en las "funcionalidades"
de los programas, y ha pasado al terreno político en el que multinacionales,
como Microsoft, luchan con su "enorme maquinaria de mercadotecnia", subrayó
García. Los "grandes" del software privativo crean barreras "legales, sociales,
lingüísticas, conceptuales, políticas, comerciales y técnicas" a la difusión del
software libre porque "no quieren que haya opciones", precisó el presidente de
Hispalinux.
Según García, para que los ciudadanos puedan elegir "efectivamente" es necesario
que las opciones sean "reales", y abogó por la "intervención" de los poderes
públicos cómo única "autoridad" capaz de "establecer alternativas" que propicien
la "neutralidad comercial" para los ciudadanos, las empresas y las
administraciones. |