Agencias - Las acciones del grupo, que tiene su sede en el paraíso fiscal de Gibraltar y genera un 90 por ciento de sus ingresos de las partidas de póker por internet, se depreciaron ayer un 33 por ciento.

Según el diario "Financial Times", la caída ha alimentado los temores del carácter pasajero de la moda de los juegos por internet.

El valor de las acciones de PartyGaming experimentó un crecimiento meteórico desde que ésas comenzaron a cotizarse en la Bolsa de Londres el pasado junio.

La salida a Bolsa estuvo rodeada de polémica ya que algunos expresaron su preocupación por la situación legal ambigua del juego por internet en Estados Unidos.

La caída de las acciones de PartyGaming afectó también negativamente a los títulos de otras empresas del sector, así Empire Online perdió un 11 por ciento de su valor, y Sporting Bet, más de un 16 por ciento.

En un comentario editorial, "Financial Times" dice que "se ha acabado la fiesta" para los accionistas de PartyGame, empresa que controla más del 60 por ciento del mercado de los juegos de póker por internet.

La empresa rival 888.com., que el periódico califica como "el mayor casino por internet del mundo", salió también a Bolsa la pasada semana.

El diario afirma sobre el fenómeno de los juegos por internet que los inversores han decidido poner su dinero en empresas cuyos modelos de negocios, idénticos, están, sin embargo, sin probar.

La consultora estadounidense Christiansen Capital Advisors ha calculado que las apuestas del mercado global de juegos por internet totalizarán este año unos 10.000 millones de dólares, de los que cerca de la mitad proceden de Estados Unidos.

Pero ahí ese es el mayor riesgo, señala el periódico, ya que si bien aproximadamente un 45 por ciento de las apuestas por internet las hacen jugadores residentes en Estados Unidos, el ministerio de Justicia de este país considera ilegales ese tipo de apuestas.

Las empresas no estadounidenses del sector sortean esa dificultad operando desde otros países, pero el ministerio de Justicia ha actuado contra los medios de comunicación donde aquéllas se anuncian o contra las compañías de tarjetas de crédito que gestionan los pagos.