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Según Rocky Delgadillo, fiscal general de la ciudad, Take-Two Interactive oculto estas escenas para driblar la censura sobre contenido adulto que esta vigente en los EEUU y comercializar el juego a menores de edad.

En su alegato, el fiscal considera que esta actuación forma parte de la historia de los directivos de la empresa de videojuegos, añadiendo que se diferencia bien poco de los personajes que aparecen en el juego.

"Los fabricantes tienen la obligación de aclarar cual es el contenido de sus productos", dice el fiscal, añadiendo que esta obligación se extiende a la comida o al entretenimiento.

El fiscal general se mostró convencido de que existía una voluntad por parte del fabricante en driblar la censura para aumentar sus ventas. Solamente en California, Take-Two vendió 200.000 copias en plena efervescencia sobre la polémica de las escenas secretas. Estas ventas proporcionaron a la firma 10 millones de dólares en facturación.

Delgadillo insiste que una vez modificada la clasificación del videojuego las ventas se derrumbaron y las cajas retiradas de decenas de tiendas, lo que confirma su idea de que la compañía lo vendió bajo otra clasificación para mejorar sus beneficios.

En sus conclusiones, el fiscal pide a Take-Two una indemnización equiparable a los beneficios obtenidos por la venta del videojuego en el Estado.