La Liga de Fútbol Profesional (LFP) se ha visto obligada a suspender pagos, lo que en términos jurídicos ahora se denomina concurso de acreedores, con el fin de garantizar que su patrimonio y el de los clubes no serán embargados, para hacer frente a la deuda de 25 millones de euros que el organismo mantiene con Antena 3 TV.

La solicitud de este medida judicial es una estrategia de la patronal para negociar con Antena 3 la reducción o el pago aplazado de la ejecución de la sentencia judicial que condenó a la Liga a indemnizar a esta cadena, por la venta a Dorna de los derechos de los partidos de Primera y Segunda División en 1989.

«La solvencia de la Liga no corre ningún peligro, desde el punto de vista práctico no supone variación de gestión y, por supuesto, no tiene ninguna repercusión en el desarrollo de la competición futbolística». El secretario general de la patronal, Carlos del Campo, se mostró rotundo después de que la comisión delegada de la LFP acordase, «de forma unánime», presentar el concurso de acreedores por el que antes se regulaba la suspensión de pagos o el proceso de quiebra técnica. «La solicitud del concurso voluntario, prevista por ley, es un práctica que pesa en todos los sectores y tenemos fundadas esperanzas de que se solvente de manera positiva tras el recurso interpuesto en la Audiencia Provincial», añadió.

Telecinco también denunció ante los tribunales a la Liga y a otras siete cadenas por daños y perjuicios y su demanda podría derivar en una deuda similar a la de Antena 3, aunque la LFP asegura tener «motivos suficientes para esperar una revocación de la sentencia recurrida».

José Luis Astiazarán, presidente de la Liga, se reunirá el lunes con responsables de Antena 3. El martes se ha convocado una Asamblea General en la que los 44 clubes profesionales serán informados de la medida adoptada, ya que la decisión de acudir al concurso de acreedores es firme.

Los dirigentes de la patronal de clubes recuerdan que el contencioso se remonta a hace 17 años, cuando la LFP vendió a Dorna los derechos audiovisuales.