Redacción - Un comunicado de la Cámara Argentina de Productores e Industriales de Fonogramas (Capif) indicó hoy que la Justicia ha comenzado a ejecutar las acciones legales contra personas que intercambiaron música de forma ilegal y precisó que las multas alcanzan hasta los 5.000 dólares

"Las personas han dejado de ser números de IP (identificación del ordenador), ya tienen nombre y apellido y debieron pagar fuertes indemnizaciones por los daños causados", señaló

La cámara que defiende los derechos de los artistas no aclaró el número de afectados por las multas, aunque precisó que en la mayoría de los casos se trata de jóvenes de 15 a 25 años, motivo por el cual sus padres han debido afrontar el pago

"La intención es que la gente tome conciencia de las implicaciones de estas prácticas ilegales para la cultura del país y las situaciones entre padres e hijos que se dieron en las familias afectadas por las acciones legales", sostuvo el director ejecutivo de Capif, Gabriel Salcedo

"Las reacciones más comunes al recibir la notificación son de sorpresa y descreimiento: nunca imaginaron que realmente se tomaran acciones legales por bajar y compartir música en Internet y mucho menos que fueran ellos los involucrados en estos casos" dice la CAPIF en su comunicado.

Al comprender la gravedad de lo ocurrido, varios padres tomaron medidas para concientizar a sus hijos sobre las consecuencias del uso de programas peer -to peer (p2p) para intercambiar música.

Por ejemplo, una madre hizo que su hijo de 25 años vendiera su auto para pagar la suma de dinero acordada durante la mediación.  Otro padre dispuso que todo el dinero que tuvo que pagar para llegar a un acuerdo con las partes afectadas se descontará del servicio de Internet, lo que significará que durante dos años estos muchachos no tendrán acceso a la Web desde su hogar.

Empresas

Con las acciones iniciadas se vieron afectadas algunas empresas. Los números de IP detectados fueron de las PC de las compañías donde los empleados, aprovechando el acceso a Internet por banda ancha, intercambiaban música a través de servicios P2P ilegales. Los empresarios fueron los demandados y se vieron obligados a hacer frente a las indemnizaciones correspondientes.