Guillem Alsina ([email protected]) - El concepto de neutralidad de la Red (en inglés, net neutrality) es un poco etéreo aunque no excesivamente difícil de comprender: se trata de que las operadoras (los ISP's) de acceso a Internet sirvan las peticiones de información que les hacen llegar sus clientes en el mismo orden en que estas fueron cursadas, independientemente del tipo de contenido que se solicite.

Algunas operadoras y proveedores de acceso alegan que las nuevas aplicaciones de Internet y de la Web 2.0 como el vídeo en streaming o la VoIP alteran el ritmo del flujo de datos que circula por sus máquinas, ya que con la gran cantidad de datos que mueven provocan que la calidad del servicio (QoS, Quality of Service) baje tal y como el tráfico de una
carretera colapsada baja la velocidad y se hace más molesto para todos sus usuarios.

Ante esta situación, muchos ISP's han solicitado a las autoridades reguladoras en la materia que se fije un marco legal en el que ellos puedan dar prioridad a unos determinados contenidos frente a otros para mantener una calidad mínima en su servicio. Esto, por ejemplo, permitiría a los ISP's priorizar los servicios de consulta a páginas web sobre la VoIP o la mensajería instantánea, o bien priorizar el acceso a ciertas webs por delante de otras... y es precisamente aquí donde la polémica entra en escena.

Grandes proveedores de contenidos como Google, Microsoft y empresas dedicadas a los contenidos han protestado enérgicamente y han iniciado movimientos entre los políticos de Washington para que esto no se haga realidad. Su principal queja es que con estas herramientas en la mano, los ISP's podrían priorizar los contenidos que a ellos les favorecieran, como las páginas web en las que saliera publicidad de sus clientes, o incluso negar el acceso a determinados foros o websites que expusieran opiniones contrarias a sus intereses. Para estas compañías que trabajan con contenidos, la situación resultante se resumiría en una palabra: censura.

La tormenta política se ha desatado sobre Washington, capital federal de los Estados Unidos y donde se cuecen también muchas de las decisiones que posteriormente afectarán a la red de redes a escala mundial por ser el país norteamericano el que tiene más influencia en Internet.

Google, que vive enteramente de los contenidos, ya se ha mostrado dispuesta a ir más allá de las puertas del congreso norteamericano para acudir a los tribunales, convirtiendo en legal una batalla que hasta ahora sólo era política. La famosa compañía del buscador alega que el problema es que algunos grandes carriers de Internet, empresas que gestionan una parte muy importante de la Red en los Estados Unidos y a nivel mundial, han sacado al mercado o están a punto de hacerlo, servicios que entran en competencia directa con los que ofrecen los proveedores de contenido más importantes. Las suspicacias sobre el tráfico que van a priorizar estas operadoras se han disparado.

Pero por el momento, la batalla se centra solamente en el terreno político, con una ley aprobada recientemente (la Communications Opportunity, Promotion and Enhancement (COPE) Act of 2006 que se encuadra en la Telecommunications Act de 1996) y una serie de enmiendas que se discuten actualmente y que constituyen el principal eje en la polémica.

Lo más probable es que durante las próximas semanas tengamos más noticias sobre este particular a medida que se desarrolla el debate político en el Congreso de los Estados Unidos.