El objetivo de la iniciativa, un Reglamento que podría estar en marcha el verano de 2007 sin necesidad de ser transpuesta a las legislaciones nacionales, es rebajar el 70 por ciento del precio de las llamadas de móviles en 'itinerancia', es decir las realizadas o recibidas en un país distinto al de la compañía al que se esté abonado.

Para ello, la ley permitiría a los operadores cobrar al consumidor un 30 por cien más por el uso de las redes de otra operadora, un margen considerablemente inferior al de los márgenes actuales que rondan el 300 y el 400 por ciento.

Según datos de la Comisión Europea, una llamada en itinerancia cuesta una media de 1,5 euros minuto, cinco veces más de lo que cuesta la llamada real.

Sin embargo, existen casos más llamativos como los 20 céntimos que paga un abonado finlandés por una llamada a su país de cuatro minutos realizada desde Suecia y los 13,05 euros que le cuesta a un maltés hablar ese mismo tiempo en Letonia.

De hecho, el roaming proporciona a las compañías que operan en la UE 10.000 millones de euros anuales, un 6 por ciento del total del volumen de negocio.

Para la portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, esta propuesta hace un favor al usuario que paga en exceso el servicio de roaming y además desconoce exactamente lo que le va a costar cuando viaja al extranjero porque las operadoras proporcionan solo los precios aproximados.

Sin embargo, considera justificado el pago de un servicio 'real y demostrable' que realizan las operadoras.

En este caso deben de negociar entre las redes de telefonía y esto tiene un coste pero no es proporcional a las tarifas que finalmente los operadores trasladan en las tarifas que cobran a sus clientes'.

A su juicio, la Comisión Europea ha optado por la vía correcta para tramitar el asunto y las operadoras intentaron poner en marcha un sistema de autorregulación cuando vieron las orejas al lobo y porque sabían que era una tomadura de pelo.

Para Eugenio Ribón, de la Confederación Española de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (CEACCU), la propuesta es 'un paso adelante, pero no el definitivo', ya que, a su juicio, el objetivo final debe de ser el coste cero.

Ribón considera que el éxito de la iniciativa dependerá de la colaboración o la oposición que pongan las empresas y considera que de momento se trata más de declaraciones políticas que otra cosa.

'A pesar de que la UE es una unidad política, el consumidor se da cuenta de las fronteras cuando viaja con su móvil encendido. Se ha conseguido un mercado único, pero solo para las empresas porque el usuario continúa en una situación de plena dependencia para ir pagando a cada paso de frontera', asegura.

En el plano contrario se sitúa la reacción de las operadoras.

Vodafone señaló que la propuesta puede incrementar los precios al limitar la capacidad de los operadores de hacer ofertas diferenciadas a sus clientes y Telefónica Móviles consideró que se trata de una medida 'populista' que no se justifica dada la 'tremenda competencia' que existe en el mercado mayorista de operadores.

El presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, Alejandro Perales, explica que la iniciativa beneficiará tanto a los que salen de España de vacaciones como a los miles de turistas que visitan nuestro país'.

'Las llamadas casi no ocasionan desgaste en la red como demuestra que cada vez haya más ofertas de llamadas gratis, pero las operadoras deben establecer el coste de mayorista en países donde a veces existen situaciones de casi monopolio que encarecen enormemente la tarifa', asegura.