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El ciudadano español venía reclamando a la Justicia la devolución del canon por copia privada, reclamando en cada demanda entre 0,17 y 0,21 euros. Como es sabido, esta remuneración supone una compensación para los titulares de derechos de propiedad intelectual (productores, autores y artistas) y esta avalada por el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual y existe desde 1987.

Según la justicia, las acciones se ejercitaron conociendo su improcedencia, y de forma indiscriminada, contra todas las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, en tanto que representantes legales de los titulares para la recaudación de la remuneración por copia privada y con una "temeridad", según constata uno de los jueces,  puesto que supone una utilización fraudulenta de los mecanismos judiciales, al buscar la tramitacion de  procesos inútiles basados en reclamaciones anecdóticas, - por importe de 0,21 € en el caso de la cuantía más elevada- y sin la mínima diligencia

Por estos motivos, la justicia condeno al demandante al pago de los gastos ocasionados, incluidos los honorarios de los letrados de las entidades de gestión demandadas, lo que supone un "aval" al canon y una amenaza a procesos similares que podrían suponer para los demandantes un alto coste economico.