Agencias - La operación, llevada a cabo en 29 provincias españolas, habría descubierto un supuesto fraude en la contratación del cambio de operador telefónico en el que se han podido ver afectados hasta el momento más de 350 usuarios, añadió el comunicado de la Guardia Civil.

Las investigaciones comenzaron en octubre de 2005 a raíz del importante número de reclamaciones interpuestas ante una organización de consumidores por personas que se habían visto afectadas por estos hechos, sin haber sido conscientes de su contratación.

Al mismo tiempo se presentó una denuncia ante un juzgado de Barcelona contra la compañía de telefonía que reclamaba una facturación por hacer un cambio de operador no autorizado.

Al tener conocimiento de esta denuncia, la compañía suministradora del servicio interpuso una querella contra la empresa encargada de la comercialización de sus productos y puso a disposición del juzgado 851 contratos de preasignación telefónica, tramitados entre 2003 y 2004, que podrían haber sido falsificados sin su conocimiento.

Las investigaciones de la Guardia Civil permitieron determinar que la mayor parte de los afectados eran personas de avanzada edad y que, al menos 352 de los 851 contratos analizados, son irregulares.

De los contratos irregulares analizados, 166 habían sido formalizados mediante firmas falsificadas y otros 186 se tramitaron después de engañar a los usuarios que accedían a firmarlos, según los datos del Instituto Armado.

Los empleados imputados actuaban individualmente y aumentaban sus retribuciones en función de los contratos que conseguían.