España se encuentra entre los países de la Unión Europea donde los precios medios mensuales de la telefonía móvil y de la banda ancha son más altos, según se destaca en el informe anual sobre la situación del mercado de las telecomunicaciones publicado hoy por la Comisión Europea. El estudio alerta además de que la penetración de la banda ancha en España avanza a un ritmo inferior que el del resto de la UE.
La oferta mensual más barata de uso del móvil (incluyendo llamadas y mensajes de texto) que se podía encontrar en España en 2008 ascendía a 35,89 euros, el precio más alto de toda la UE. La media comunitaria se situó en 19,49 euros.
Por lo que se refiere a la banda ancha, el precio mensual medio en España era de 45,83 euros, frente a los 36,89 euros de media comunitaria. Sólo Rumanía, República Checa y Austria tenían ofertas de Internet de alta velocidad más caras que las españolas, según los datos de Bruselas.
El informe del Ejecutivo comunitario alerta además de que la penetración de la banda ancha en España avanza a un ritmo más lento que la media de la UE. El año pasado aumentó menos de dos puntos porcentuales hasta situarse en el 20,2% en enero de 2009, todavía por debajo del promedio de los Veintisiete (22,9%).
En cambio, la penetración del Internet móvil de alta velocidad en España (25,9%) es muy superior a la media de la UE (13%).
El estudio pone de relieve que los españoles recurren cada vez más a paquetes de servicios de telecomunicaciones, por ejemplo ofertas que incluyen al mismo tiempo telefonía fija y banda ancha. Un 15% de los usuarios españoles se beneficiaba en 2008 de este tipo de ofertas conjuntas.
Telefónica sigue siendo el operador dominante en el mercado de telefonía fija pero, gracias al despliegue del cable y a otras inversiones en infraestructuras que permiten a los rivales usar la red del operador histórico, el 21,9% de los clientes utilizan un proveedor alternativo de telefonía fija. Esta cifra es una de las más altas de la UE, según Bruselas.
Por lo que se refiere a la telefonía móvil, la tasa de penetración en España creció significativamente el último año hasta situarse en el 114,27% en octubre, pero todavía sigue por debajo de la media de la UE (118,9%).
España se mantiene como uno de los países de la UE donde un mayor número de personas ha cambiado de operador sin perder su número, tanto por lo que se refiere a telefonía fija (4 millones de números portados) como sobre todo móvil (18,3 millones). Ello evidencia que la competencia en este mercado es ‘fuerte’, según Bruselas. Cambiar de operador manteniendo el número cuesta en España una media de 5 días, por debajo de la media comunitaria, aunque la UE quiere reducir este plazo a sólo un día.
QUEJAS DE LOS USUARIOS
El informe de Bruselas destaca tres áreas en las que el mercado español de las telecomunicaciones debe mejorar. La primera es la distribución del dividendo digital que resultará del apagón de la señal analógica de las televisiones. En España una gran parte de este dividendo se usará para televisión digital terrestre, en detrimento de otros servicios de telecomunicaciones.
Además, y contrariamente a las tendencias en otros Estados miembros, los canales nacionales de televisión digital se adjudican en un segmento del espectro que a nivel de la UE se está estudiando dedicar a futuros servicios de móvil y banda ancha. El Ejecutivo comunitario destaca que la gestión del espectro sigue siendo una ‘cuestión contenciosa’ en España y que éste está ‘desigualmente distribuido’ entre los operadores.
En segundo lugar, la Comisión insiste en que los operadores de telecomunicaciones siguen encontrándose con problemas para desplegar sus redes por los problemas administrativos y de otros tipos que les plantean los ayuntamientos. No obstante, Bruselas reconoce que el Gobierno está tratando de dar incentivos financieros a las autoridades locales que den autorizaciones para redes.
Finalmente, el informe pone de relieve que ha habido un ‘aumento importante’ en España de las quejas relacionadas con el sector de las telecomunicaciones, sobre todo las referidas a problemas en las facturas, dificultades para obtener una conexión fija, transparencia, y obstáculos para darse de baja. El Ejecutivo señala que la coordinación entre los diferentes órganos que tramitan estas quejas ‘podría mejorarse’.
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