Los chilenos pueden ver en internet desde el lunes en qué gastan su dinero los órganos del Estado y las políticas que aplica, al poner en marcha una ley que informa, entre otras cosas, de los sueldos de los empleados públicos, los montos destinados a viáticos o asesorías.
Agencias – La nueva normativa sobre ‘Transparencia y Acceso a la Información’ obliga a las instituciones del Estado a poner a disposición a través de sus páginas web toda información que posean de manera fácil y completa, como las dotaciones de empleados y sus remuneraciones.
Deben ser públicas también las licitaciones para el suministro de bienes, la contratación de estudios o asesorías, transferencias de fondos e información sobre el presupuesto, además de los gastos en comidas y viajes.
En la página web de la presidencia chilena era posible conocer por ejemplo el lunes el sueldo que recibe la presidenta Michelle Bachelet, que alcanza casi 13.000 dólares brutos, 2.000 dólares menos que el presidente ejecutivo de la minera estatal Codelco, la mayor productora mundial de cobre.
Las informaciones en los sitios web deben ser actualizadas al menos una vez al mes y en caso de que no se encuentren los datos requeridos, existe un plazo de 20 días para responder las consultas de los ciudadanos. Existen excepciones para que un funcionario se niegue a entregar la información; puede ser que su publicidad afecte las funciones de un despacho o ponga en peligro la persecución de algún delito, así como si pone en peligro la vida privada de las personas o la Nación.
La normativa se aplica a todos los ministerios, intendencias y gobernaciones regionales, municipalidades, Fuerzas Armadas, Policías, la Contraloría General, el Banco Central, el Congreso y los tribunales de justicia, entre otros. Pero en el caso del Congreso, el Banco Central y el Poder Judicial, no están obligados a responder requerimientos de los ciudadanos.
La nueva ley es especialmente saludada por periodistas y organizaciones ciudadanas. “Vamos a conocer muchas cosas que hasta el día de hoy no conocíamos, incluso del pasado. Vamos a poder destapar cuestiones que hasta el momento nos eran vedadas”, comentó el fundador de la privada radio de noticias Biobio, Tomás Moschiatti.
“El periodismo de investigación es el área que más debería beneficiarse con esta ley porque permite la entrega de mucha información que hasta hoy casi no estaba disponible”, comentó por su parte el presidente del Colegio de Periodistas, Abraham Santibáñez.
Pero la presidenta Bachelet pidió moderación en su aplicación. “Sería por cierto lamentable que respecto de este paso que estamos dando pudiera primar una visión de coyuntura en algunos sectores, que buscara sacar ventajas para hoy y provocar escándalos aquí o allá”, señaló.
Organizaciones ecologistas fueron las primeras en solicitar información. La conservacionista Oceana presentó el lunes una solicitud formal a la Subsecretaría de Pesca sobre la pesca de arrastre y su magnitud en Chile. “La información que solicitamos hoy respecto de la pesca de arrastre en Chile la pedimos reiteradamente el año pasado sin tener respuesta alguna“, dijo su director Álex Muñoz.
La Alianza por una Mejor Calidad de Vida solicitó también al Servicio Agrícola y Ganadero la entrega de información sobre la ubicación exacta de los cultivos transgénicos en el país.
La normativa comenzó a gestarse en Chile después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara en 2006 al Estado chileno por denegar el acceso a la información sobre una empresa forestal.
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