En su informe anual, la Federación Internacional de Productores Fonográficos (IFPI) acusa a España de ignorar el problema de la piratería musical.
España está a la cabeza, en Europa, de la piratería musical. Al menos, esta es la opinión de la asociación que agrupa en su seno a las discográficas de todo el mundo.
Así en nuestro país, el porcentaje de usuarios que descargan contenido “ilegalmente” de la red es de un 32% mientras que la media en Europa es considerablemente inferior, el 15%
Las causas de esta situación son evidentes, “el mercado español ha caído en torno al 17 por ciento en 2009″, una disminución que ya viene arrastrándose de lujo y que ha provocado que “las ventas unitarias de álbumes de artistas españoles cayeron en torno al 65 por ciento entre 2004 y 2009″.
Tolerancia por parte del Gobierno
El presidente de la IFPI, John Kennedy, manifestó que la actitud del Gobierno español frente a este fenómeno es “decepcionante”, pese a que el Ejecutivo hizo bandera de este asunto y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero recibió hace seis años en La Moncloa a un grupo de artistas, a los que prometió medidas legislativas.
Pero desde entonces, según señaló Kennedy durante la presentación del informe, “en los únicos momentos en que se han preocupado por mostrar disposición a impulsar leyes anti-piratería es cuando van a tener reuniones con el Gobierno de Estados Unidos”.
La IFPI confía que el Gobierno Zapatero siga los pasos de países como Francia, el Reino Unido, Nueva Zelanda y Suecia, y tome iniciativas legislativas que permitan “proteger los derechos musicales y evitar que los consumidores se vean autorizados a desmadrarse”.
También insistió en esta línea Rob Wells, vicepresidente de Digital (del grupo internacional Universal Music), quien consideró que en las actuales circunstancias “España corre el riesgo de convertirse en un desierto cultural”.
“Es una lástima que el Gobierno español no vea el daño que su inacción está causando, no sólo comercialmente, sino también en el terreno cultural”, manifestó Wells, quien apeló “al orgullo nacional” del Ejecutivo y de los españoles para evitar el colapso de una industria “tradicionalmente exportadora de un vasto repertorio”.
La nueva ley de Economía sostenible ya va por ese camino y supondrá que el cierre de las páginas web que fomenten la descarga de contenidos protegidos por derechos de autor poniendo de esa manera más difícil a los usuarios la obtención de copias ilegales.
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