Los proveedores de contenido y servicios de Internet de México agrupados en torno a la Amipci afirmaron que la “clandestina” ACTA no puede estar por encima de la ley.
Hace pocos días finalizaba en México la séptima ronda de negociaciones dedicadas al ACTA, un acuerdo multilateral que pretende proteger los derechos de autor y que no es auspiciada por ningún organismo internacional.
No por ello deja de tener importancia. Los gobierno participan en estas reuniones junto a organizaciones empresariales sin que salgan a la luz pública las discusiones y acuerdos que se allí se alcanzan.
Precisamente de la última reunión celebrada en México se filtró la necesidad de obligar a los proveedores de contenido a facilitar los datos de los usuarios sin precisar de una orden judicial.
En respuesta a esta filtración, la asociación que agrupa a las empresas de Internet de México se opuso frontalmente a esta media.
En una duras declaraciones, esta asociación de la que forman parte empresas como Telmex, Televisa o Google, dijeron “que el único que puede ordenar a un ISP para filtrar contenido, analizar comportamientos y divulgar información relacionada con la información que produce o le llega a un usuario es un juez o una autoridad ministerial, previa denuncia o demanda correspondientes”.A juicio del organismo, con ello se violaría ‘la garantía de privacidad’ que contiene la constitución mexicana en sus artículos 14 y 16.
Además, lamentó que el debate sobre el ACTA ‘se deje a especulación y que no se siga un procedimiento democrático, incluyente y transparente, lo cual es provocado por las mismas autoridades’, que no han dado a conocer detalles del proyecto, señaló.
Amipci, que representa a varios proveedores de acceso a Internet en México como Telmex y Televisa, indicó que sus miembros ‘no están de acuerdo en que se les obligue a divulgar información relacionada con la conducta de sus usuarios’.
También rechazan ‘que se persiga la actividad que los usuarios lleven a cabo a través de Internet’, toda vez que en México las leyes consagran ‘la garantía de acceso a la información y que ésta debe ser garantizada por el Estado’.
A juicio de la agrupación empresarial, los internautas mexicanos, cuya principal actividad de entretenimiento en la red es bajar música, ‘no son piratas, pues no obtienen un lucro directo o indirecto’ de descargar canciones.
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