PC City, sancionada por la Agencia Catalana de Consumo con 12.000 euros

17 febrero, 2010
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PC City

PC City, Ikea, Finconsum y Renolux han sido multadas por la Agencia Catalana de Consumo (ACC) de la Generalitat con un total de 54.500 euros, según informó el Govern en un comunicado.

La ACC recibió siete denuncias relacionadas con la compañía de informática y tecnología PC City, que han motivado la imputación de cuatro cargos que suponen multas por valor de 12.000 euros.

Se trata de una sanción de 1.000 euros por vulnerar los derechos a la información en los carteles que informan a los consumidores; dos de 3.000 y 6.000 euros por incumplir la ley de garantías de los productos, y una de 2.000 euros por negarse a facilitar documentación a la Inspección de Consumo.

De Contra Finconsum, establecimiento comercial de crédito, hay dos expedientes sancionadores de 9.000 euros cada uno por prácticas abusivas. El primero se debe a la denuncia de un particular que no obtuvo información sobre cobros en operaciones de crédito y el segundo es por gestionar el cobro de unos recibos de un contrato que nunca firmó el consumidor.

Ikea ha sido multada con 8.000 euros por defectos en el etiquetado de varios productos, a raíz de una inspección con motivo de una denuncia de una asociación de consumidores. La compañía no indicaba las características esenciales de productos industriales, como advertencias e instrucciones sobre la instalación, el uso y el mantenimiento. Tampoco había identificación de la empresa ni el lote en productos alimentarios; había etiquetas de productos textiles sin el domicilio y el NIF del fabricante, y otras que no estaban en ninguna lengua oficial.

En cuanto al fabricante de sillitas para coches Renolux France Industrie, la inspección detectó dos incumplimientos graves en el sistema de retención infantil, lo que ocasionaba un riesgo para la seguridad. Por un lado, el menor podía aflojar el arnés de seguridad de la silla y, además, las instrucciones de seguridad y montaje no eran suficientemente claras. La sanción incluye una multa de 10.000 euros, la destrucción de 101 sillitas y el pago de los gastos por las unidades compradas, que se eleva a 6.528 euros. Además, en el conjunto de España hay 1.157 sillitas del mismo modelo inmovilizadas.

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