Agencias - La ley, que todavía debe ser aprobada
por las Cortes, incorpora también la normativa comunitaria en esta materia.
Con la nueva norma, cualquier empresa podrá actuar como operador sin
necesidad de obtener una autorización administrativa para ello.
En cuanto al régimen sancionador, la CMT puede imponer una multa de hasta 20
millones de euros para operadores con un poder significativo en el mercado (como
Telefónica, Telefónica Móviles y a la división española de Vodafone) en caso de
una infracción muy grave. Para el resto de los
operadores, la multa máxima es de dos millones de euros.
Por su parte, las infracciones graves conllevarán una sanción de hasta 500.000
euros.
La nueva regulación también establecerá multas por el incumplimiento de los
límites de emisión en las antenas.
Aparte de las sanciones económicas, se prevé la posible inhabilitación del
operador que cometa una infracción, y la retirada del mercado de equipos y
aparatos que incumplan con los requisitos esenciales.
Asimismo la ley regula las competencias de los órganos estatales en este
sector. El Ministerio de Ciencia y Tecnología será competente en los aspectos
relativos a las obligaciones de servicio público, la protección de los usuarios
y el dominio público (como las frecuencias), mientras que la CMT vigilará por la
libre competencia y las relaciones entre los operadores.
Freno al Spam y nuevos derechos de los consumidores
Entre los nuevos derechos que reconoce a los ciudadanos, este
proyecto de ley, figura el de
impedir,
mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la identificación de llamada y el
derecho a no recibir publicidad mediante llamadas automáticas, mensajes de fax o
correo electrónico, salvo que manifiesten su consentimiento expreso.
Asimismo, mantiene el concepto de
"servicio universal" como derecho de todos los ciudadanos a recibir acceso
telefónico a un precio asequible, con independencia de su localización
geográfica. A este derecho se añade el de acceso funcional a Internet, que se ha
incluido en la normativa comunitaria. Este nuevo derecho ya se encuentra en
vigor en España a través del plan de sustitución de las líneas de telefonía
rural (TRAC) por líneas con acceso a Internet, que ha desarrollado el Gobierno.
En este apartado se amplían otros derechos de los usuarios, como el derecho a
elegir el medio de pago para el abono de los servicios; el derecho del usuario a
resolver anticipadamente sin penalización el contrato cuando se modifiquen las
condiciones contractuales o el derecho a recibir información comparable y
actualizada sobre la calidad del servicio.
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