La consultora IDC ha llevado a cabo un estudio para la Business Software Alliance (BSA) del que se desprende que uno de cada dos programas informáticos que se utilizan en España es ilegal, lo que nos sitúa en el país con el índice de piratería más alto de la UE después de Grecia. Si fuera posible reducir ahora mismo diez puntos porcentuales el índice de piratería, el PIB español obtendría unos beneficios adicionales de 3.761 millones de dólares, se crearían 6.200 nuevos puestos de trabajo en el sector, las empresas fabricantes españolas conseguirían unos ingresos extras de 2.890 millones de dólares y la Administración 520 millones más por impuestos.

El estudio, realizado en en cincuenta y siete países, se ha basado en los siguientes parámetros: el gasto en TI, los ingresos por impuestos en la Administración Pública, el empleo que genera el sector, su contribución al PIB, así como los ingresos de los fabricantes locales. Los sectores de software y servicios de TI se han convertido en el mejor sector para el crecimiento económico español, según la comparativa de IDC. En los últimos cuatro años el índice de piratería en España ha bajado un dieciséis por ciento, la industria del software ha crecido también un dieciséis por ciento, ha generado unas ventas de trece mil millones de dólares y veinticinco mil nuevos puestos de trabajo, y ha aportado sesenta y un mil millones de euros a las arcas del Estado.

La BSA realizó el año pasado en nuestro país cuatrocientas setenta y una acciones legales y contactó con setenta y dos mil empresas. Su trabajo consiste en informar a través de campañas sobre este delito informático y de las ventajas del software original. Alfons Sort, presidente de BSA España, apunta que cuanto menor es la empresa mayor es el índice, llegando al 70 % las pymes españolas que piratean software.

La concienciación, la educación de la población y la aplicación de la ley de propiedad intelectual se citan entre las medidas que podrían amortiguar el problema de la piratería. Consecuentemente, la Administración Pública española «debería aplicar las propuestas de la directiva europea», explica Sort. "En España -continúa-la legislación no es mala pero la aplicación es un desastre y debe reforzarse. La Administración tiene que vigilar las subvenciones que otorga para promover el desarrollo de las TI, que no vayan a parar a empresas donde se piratea software, como ha ocurrido. También debe continuar progresando en el uso del software legal en todos los niveles de la Administración".