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Trabajo autoriza a Telefónica suprimir 15.000 empleos entre 2003 y 2007 y el Gobierno vasco lo considera injustificado


La Dirección General de Trabajo ha dictado una resolución autorizando a la empresa Telefónica de España la extinción de 15.000 contratos de trabajo durante el periodo 2003-2007.


El expediente de regulación de empleo, que ha sido acordado con los representantes de los trabajadores, establece que las extinciones de los contratos de trabajo deberán producirse en las condiciones de voluntariedad y no discriminación, que se recogen en el Plan Social.

El acuerdo alcanzado se articula a través de varios procedimientos, como las bajas definitivas en la empresa mediante programas de desvinculación, que incluyen unas garantías de renta hasta la jubilación, bajas incentivadas y programas de jubilación; el pase a empresas filiales u otras del grupo Telefónica, y la reubicación del personal en función del Plan Estratégico de la empresa y mediante mecanismos de movilidad funcional y geográfica.

El Plan Social contempla, por su parte, una redistribución de plantilla, con preferencia de movilidad funcional para mantener la residencia, incentivación de la movilidad y no utilización de la movilidad geográfica forzosa. También incluye un Programa de Formación para adaptar a los trabajadores a las nuevas tecnologías y lograr así un mayor rendimiento, que se impartirá a 12.230 empleados.

Otros Programas contemplados en el Plan Social son el de ingreso y promoción y el de recolocación, dirigidos a determinado grupos laborales y puestos de trabajo.

En cuanto a las medidas de creación de empleo, el expediente recoge la creación, como mínimo, del 10 por ciento de la plantilla que extinga su relación laboral en las áreas comercial y de marketing y de infraestructuras y operaciones. Los 1.500 trabajadores de ingreso y promoción también estarán sujetos al Programa de Formación.

Finalmente, el expediente contempla medidas complementarias que se incluyen en el convenio colectivo y que se refieren a una nueva clasificación profesional, basada en una mayor cualificación que garantice la empleabilidad, unificación de categorías profesionales y actualización de funciones. Además, se recogen otras relacionadas con la adaptación del tiempo de trabajo, disponibilidad y concentración de la actividad logística.


Gobierno vasco dice que no concurren elementos suficientes que justifiquen la regulación de empleo

Por su parte el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno vasco considera que no concurren razones "suficientes" que justifiquen la medida de regulación de empleo solicitada por Telefónica y que afectaría a unos 1.000 trabajadores vascos, medida a la que los sindicatos de Euskadi ya han mostrado su total oposición.

Así lo señala la Consejería de Joseba Azkarraga en su contestación al escrito de Telefónica, de 27 de junio de 2003, por el que se solicita emisión de un informe "consultivo" sobre el expediente de regulación de empleo presentado ante la Dirección General del Trabajo para la extinción de los contratos de diversos trabajadores de su plantilla de los centros de Euskadi, de conformidad con lo dispuesto en el real Decreto 812/85, de 8 de mayo, sobre traspaso de servicios a esta Comunidad en materia de expedientes de regulación de empleo.

En el texto, al que tuvo acceso Europa Press, Trabajo señala que si tras las conversaciones que mantengan Telefónica y empleados se llegase a un acuerdo, "habría que concluir que, al no concurrir las causas justificativas de la medida solicitada, el citado acuerdo adolecería de un vicio que lo convertiría en nulo (abuso de derecho o fraude de ley), por lo que, de acuerdo con el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, la Autoridad Laboral debería ponerlo en conocimiento de la Autoridad Judicial a efectos de su nulidad".

Asimismo, apunta que, si por el contrario, no se llegase a ningún acuerdo, no procedería autorizar el expediente por considerar que no se dan las causas justificativas del mismo. No obstante, el Gobierno vasco carece de competencias en esta materia, por lo que no sería el responsable de dar luz verde o no al expediente, al no contar la empresa afectada el 85 por ciento de su plantilla radicada en el País Vasco.

La compañía de telecomunicaciones fundamenta su solicitud en causas económicas, técnicas y organizativas de produccióin que se contienen en la memoria explicativa del expediente. Analizando toda la documentación, Trabajo considera, sin embargo, que no concurre "causa suficiente" para la aprobación del expediente.

En este sentido, precisa que, de los argumentos presentados por la empresa para su presentación, no existen "suficientes elementos de juicio como para predecir que es lo que sucederá en el futuro". Como ejemplo, cita que en lo que se refiere a la telefonía móvil, no se sabe cómo evolucionará a medio y largo plazo y lo mismo ocurre sobre la cuota que en el futuro puedan adquirir otras operadoras dentro de la telefonía.

También destaca que se ignora cual será la reacción de los usuarios de la telefonía respecto al acceso a Internet u otros servicios como trasmisión de datos, ADSL, etc. "En definitiva, no son sino meras previsiones, desconociéndose si tendrán virtualidad en el futuro y la incidencia de las mismas, pero que en el momento actual resultan absolutamente insuficientes como para justificar un expediente como el presente", indica.


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