La operación es controlada por la Seguridad del Estado e incluye a la Policía
Nacional Revolucionaria y el Departamento Técnico de Investigaciones. Participan
también presidentes de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), jóvenes
comunistas y estudiantes universitarios.
En las viviendas privadas se recogen en formularios el nombre del dueño del
equipo, la marca del mismo, documentos que legitimen la propiedad del mismo, año
de adquisición del ordenador, uso y cómo lo adquirió.
En las empresas se solicitan facturas de su compra, documentos de su existencia,
roturas, pérdidas por robo y uso de los equipos, así como los autorizados a
permanecer en viviendas.
De acuerdo a informaciones ofrecidas por fuentes dignas de crédito, la
"Operación Windows" no podrá obtener todos los datos que se estiman, ya que
tanto los centros de trabajo como cualquier particular podrían no declarar la
existencia de computadoras, pudiendo esto burlar el levantamiento de las mismas.
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