Explicó que de lo que se trata es de establecer unos requisitos "mínimos" que han de cumplir los códigos de conducta en el comercio electrónico, es decir, una serie de recomendaciones que garanticen un comercio electrónico de calidad y de acuerdo a la ley. Añadió que la futura norma será aplicada tanto para las consumidores como las empresas que hagan uso de este distintivo público.

Para obtener tal distintivo, se debe analizar si un determinado código de conducta de una empresa de comercio electrónico recoge las garantías de la legislación vigente y se ocupa de aspectos tales como la protección de menores o de las personas discapacitadas. La participación de los consumidores y usuarios en la decisión de la obtención del distintivo público, es "bastante fuerte", indicó Uriarte, porque ellos deciden si un código de conducta es aprobado o no, paso previo a la elaboración del dictamen, favorable o desfavorable, que otorgue la distinción a las empresas. Además, las empresas tendrán que adherirse al Sistema Arbitral de Consumo para la resolución de controversias con los consumidores y se establecerán procedimientos de evaluación con diferentes grados de sanciones para aquellos que incumplan con la legislación.

El proyecto de Real Decreto también recoge una serie de obligaciones para las entidades promotoras, como informar al Instituto Nacional de Consumo de las bajas y al público de aspectos de los códigos de conducta, como por ejemplo, los procedimientos por los que se puede denunciar a una empresa dedicada al comercio electrónico.

Además, las promotoras deben remitir anualmente la eficacia de los códigos de conducta a los usuarios y actualizar permanentemente los contenidos de sus portales. La concesión y retirada del distintivo corresponde al Instituto Nacional de Consumo, y el dictamen favorable o desfavorable para otorgarlo al Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Agencia de Protección de Datos, hasta que finalmente se adopte el distintivo por resolución del director del Instituto Nacional de Consumo y se publique en el BOE.

 Uriarte habló también de un sello de garantía denominado "Confianza on-line", un sistema de autorregulación del comercio electrónico, que cuenta con participación pública y privada y con un mecanismo de resoluciones de conflictos, por ejemplo, aquellos originados por las quejas de un consumidor por la gran cantidad de publicidad que recibe. El director concluyó refiriéndose al "Euro-label", un organismo con el que los empresarios de comercio electrónico se intentan adherir para elaborar un código de conducta a nivel comunitario