Según esta federación, sería "inaceptable que fondos de los Presupuestos Generales del Estado se utilizasen para financiar los servicios de las empresas privadas de telecomunicaciones". Añade que "el mercado no puede abrirse sin establecer unas mínimas reglas", como la "obligación" de los operadores que usan las infraestructuras del antiguo monopolio a contribuir económicamente al mantenimiento del servicio universal, como asegura que prevén la Ley de Telecomunicaciones y el Reglamento de dicho servicio.

También critica el "desinterés" por desarrollar estas normas del Gobierno y afirma que su política, en el marco de la liberalización del sector, está "condenando" a los usuarios a ser quienes "asuman la financiación de las infraestructuras de Telefónica para beneficio del resto de compañías que utilizan sus redes de forma parasitaria".

Para la organización de consumidores y usuarios, las prestaciones incluidas en el servicio universal de telecomunicaciones "no sólo no deben reducirse, sino que han de ampliarse para garantizar, entre otras cosas, más cabinas en zonas desabastecidas y que un mayor número de usuarios de rentas bajas pueda disfrutar de descuentos en sus facturas".

La FACUA considera "escandaloso el afán del Gobierno" por que las nuevas empresas de telefonía "ganen el máximo dinero posible", al evitarles, según la nota, la cofinanciación del servicio universal o "impidiendo que Telefónica baje las tarifas locales para que la competencia no tenga que hacer lo mismo". Este servicio comprende el derecho de los usuarios a acceder a la telefonía fija en sus domicilios y la existencia de suficientes cabinas en todos los pueblos, de guías y de un número de información telefónica (11818) con una tarifa asequible, así como descuentos y prestaciones a colectivos como pensionistas y discapacitados