El senador Norm Coleman, que ordenó realizar audiencias sobre la estrategia para hacer acatar las reglas de la industria discográfica, indicó que entiende la preocupación sobre el robo de música pero cuestionó la táctica aplicada por la RIIA.

"La industria discográfica tiene intereses legítimos para defender los derechos de autor", indicó Coleman en un comunicado.

Sin embargo, agregó: "Pero la amnistía que puede involucrar a millones de jóvenes que rellenan y firman documentos legales para declararse culpables (...) puede no ser la mejor forma para lograr un balance entre la protección de las leyes de derecho de autor y el castigo a aquellos que violan esas leyes".

La RIIA prometió que no compartirá información sobre el programa de amnistía con otros que puedan tomar acciones legales contra los piratas de música en internet, pero eso no aleja las preocupaciones de algunos de los usuarios.

Rich Menta de MP3Newswire.net calificó la amnistía como un "acuerdo de estafadores" y urgió a los fanáticos de la música a mantenerse al margen.

"Esto no es una amnistía, sino un manto para invadir la privacidad de los usuarios engañando a los consumidores para que den su nombre, dirección, edad, gustos musicales y más de modo individual y voluntariamente", escribió Metna.

"¿Quién diablos es la RIIA para guardar nuestras fotos e información personal en su base de datos?", se preguntó retóricamente.

"La RIAA ofreció una 'falsamnistía' y no una amnistía, para aquellos que comparten música en la red", dijo Jason Schultz de la Fundación de Fronteras Electrónicas, un grupo que promueve la privacidad en internet y la libertad de expresión.

"La industria discográfica quiere que los usuarios se confiesen culpables, mientras estos fanáticos permanecen vulnerables a demandas de compañías discográficas y muchos editores de música y bandas", agregó.

Aquellos que se confiesen culpables se verán libres de una posible demanda judicial, señaló la RIIA mientras sigue apoyándose en una ley de 1998 para obligar a los servidores y las universidades de Estados Unidos a identificar a los presuntos piratas.

Las demandas masivas solo se realizarán por el momento en los EEUU

Precisamente es gracias a las "ventajas" que ofrece esta normativa legal, Acta Digital del Milenio de Derechos de Autor, lo que le ha permitido a la RIIA la presentación de demandas masivas y la inexistencia de una norma semejante en muchos países europeos lo que salva a sus usuarios de ser protagonistas de acciones similares.

No obstante son las compañías discográficas los que están tras las demandas judiciales presentadas en Dinamarca, Alemania, Italia y otros países contra individuos aislados o sitios Web aprovechando las normativas locales, por lo general, menos restrictivas en este terreno que las existentes en los EEUU.

Además, la socia internacional de la RIIA, la IFPI se enfocará sus esfuerzos, fuera de Estados Unidos, en educar a los adolescentes y estudiantes de que el intercambiar archivos es una actividad ilegal.

"No hay planes actualmente de lanzar acciones legales al estilo de Estados Unidos a nivel internacional o en Europa. Pero el cargar música protegida es ilegal (...) y las acciones legales contra los que carguen canciones no pueden descartarse en el futuro", dijo el martes Adrian Strain, un portavoz de la IFPI en Londres.

Nadie niega que el verdadero motivo de la IFPI y las discográficas es esperar a que la Unión Europea endurezca sus directivas y no quemar los cartuchos en acciones que, a lo mejor, no podrían prosperar.

La estrategia de "educar a los usuarios" se vende muy bien en el terreno de las relaciones publicas y una vez consigan sus objetivos de normativas más duras podrán lanzarse sobre los usuarios habituales de estos lugares, opinan internautas en distintos foros.

La primera gran prueba legal en Europa podría suceder en España en las próximas semanas, donde una coalición de empresas de software no identificadas están buscando demandar a miles de individuos que acusan de violación de derechos de autor.