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Esta decisión del juez Ruiz Polanco supone la admisión a trámite de la querella
criminal interpuesta por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE)
el pasado 21 de julio, por los perjuicios que, en su opinión, se han causado a
los pequeños accionistas de Terra en la Oferta Pública de Adquisición (OPA)
lanzada por su matriz, Telefónica.
Telefónica lanzó en mayo una OPA sobre Terra, en la que ofrecía 5,25 euros
por cada acción de su filial, menos de la mitad del precio al que fueron
vendidos estos mismos títulos en su salida a bolsa en noviembre de 1999 (11,81
euros).
La OPA fue aceptada por el 33,6 por ciento de los accionistas, con lo que
Telefónica pasó a ostentar un 71,9 por ciento de la compañía de internet, aunque
los objetivos de la operadora eran superar el 75 por ciento del capital de Terra.
Según el auto de Ruiz Polanco, las diligencias abiertas, están encaminadas a
"determinar la naturaleza y las circunstancias de tales hechos (denunciados
por ADICAE) y las personas que en ellos han intervenido". ADICAE reclama una
indemnización por responsabilidad civil de 7.000 millones de euros al ex
presidente de Telefónica Juan Villalonga y a sus ex consejeros delegados Juan
Perea y Martín Velasco, así como al fundador del buscador Olé -embrión del
portal Terra- Josep Vallés Rovira y a los consejos de administración de Terra y
Telefónica desde noviembre de 1999.
A todos ellos ADICAE les acusa de los delitos de estafa, apropiación
indebida, conspiración para alterar el precio de las cosas, coacciones y delito
societario, cargos que la asociación basa en la "historia de engaños"
llevada a cabo por Telefónica como propietaria de Terra, que empiezan con su
salida a bolsa. A juicio de esta asociación de usuarios, Terra fue un "engaño
de Telefónica" para los accionistas, dado que lo "único" que había tras ella
era el buscador Olé, que fue comprado en abril de 1999 por 3.000 millones de
pesetas (18 millones de euros) y que "sólo era un nombre, no unos activos
empresariales" El fiscal pide el archivo de la querella
Por su parte y tras el trámite necesario de solicitar la
opinión de la fiscalia, este emitió un informe en el que pide el archivo de la
querella al entender que los hechos denunciados no son constitutivos de
delito.
Ahora la decisión recae sobre el juez que habrá de decidir si
sigue adelante o bien da por bueno el informe del fiscal poniendo fin a la
demanda
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