Consideró que con esta propuesta del parlamento regional se hace "un gran servicio" a los treinta y tres millones y medio de usuarios de telefonía móvil en España y se pretende dar solución al "mal servicio y la mala cobertura de este servicio". Para el presidente de Castilla-La Mancha, los usuarios españoles padecen una "estafa civil" debido a la falta de cobertura en la red básica de carreteras de las comunidades autónomas y en la red estatal, que dan lugar a interrupciones del servicio en zonas en las que "las operadoras dicen tener cobertura universal".

Señaló que existe una directiva de la Unión Europea que establece el derecho de los europeos al servicio universal en la telefonía móvil, que el Gobierno de España "ha desconocido" al no recogerlo en la Ley General de Telecomunicaciones. Para Bono, esto supone "un déficit social de tal calibre que debería producir bochorno a quién pretenda presentarse en Europa con la bandera de la modernidad".

El presidente castellano-manchego consideró que "estamos asistiendo a una discriminación inaceptable e inconstitucional", ya que esta Ley "no establece el servicio universal ni para el móvil, ni para el fijo ni para Internet". Explicó que la proposición de Ley establece que en el plazo de tres meses se determinen los niveles mínimos de calidad en el servicio telefónico que deberán correr a cargo de los "cuantiosos beneficios económicos" de las operadoras. Además, pide establecer las excepciones de la cobertura universal por razones de seguridad o medioambientales, así como que en el plazo de tres meses todos los núcleos de población de España, todas las autovías, carreteras nacionales y red básica de las CCAA tengan cobertura universal.

La iniciativa del parlamento regional solicita también que en el plazo de un año se logre el sistema de interrupción cero en la comunicación mediante el teléfono móvil. Bono aseguró que lo que solicita la proposición de Ley no supone gasto público, sino para las tres operadoras: Telefónica Móviles, que tiene 19 millones de clientes y el 53 por ciento del mercado, Vodafone (9,3 millones de clientes y el 26 por ciento de la cuota de mercado) y Amena (7,6 millones usuarios y 21 por ciento de la cuota). Preguntado sobre la posibilidad de que el Congreso no apruebe la toma en consideración, señaló que si la Cámara "hace oídos sordos" no va a "rebajar" su fe en la democracia pero "sí voy a rebajar mi fe y mi creencia en la capacidad de convencer".