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El Grupo Parlamentario Popular argumentó a través de su diputado Juan
Manuel Moreno que se trata de una iniciativa "populista, electoralista e
inviable" porque las directivas comunitarias reservan a la UE la competencia
para delimitar qué servicios han de considerarse universales.
La portavoz del Grupo Socialista, Clementina Díez de Baldeón, que
apoyó la propuesta, denunció los desequilibrios territoriales que existen en la
prestación de ese servicio y las "deficiencias intolerables" de calidad
que suponen "un fraude" y culpó al Gobierno por estar más del lado de las
operadoras que del de los ciudadanos.
La proposición, que fue presentada por la mañana en rueda de prensa por el
presidente castellano-manchego, José Bono, fue defendida ante el pleno por el
diputado de las Cortes de esa región José Molina (PSOE) quien subrayó que ni la
extensión del servicio ni su calidad "están acordes con el siglo XXI" ni
con el papel social de un servicio con 33 millones de abonados en España.
La proposición estima que si la telefonía fija está considerada servicio
universal, la móvil debería tener la misma consideración y estar disponible para
todos los ciudadanos en unas condiciones que garanticen su calidad. Para
ello propone reformar el artículo 22 de la nueva Ley General de
Telecomunicaciones para la declaración de servicio universal con el plazo de un
año para su efectivo cumplimiento.
Además se proponía que en tres meses se aprobase un Reglamento para
determinar los niveles de calidad y las zonas del territorio en las que serían
de inmediata aplicación las obligaciones de prestación del servicio universal:
como mínimo, los núcleos principales de población de todos los municipios, la
red de emergencia, las vías de comunicación estatales y la red principal de
carreteras autonómicas.
La socialista Díez de Baldeón subrayó que los dos aspectos que recoge la
proposición -universalización y calidad- quedaron fuera de la Ley de
Telecomunicaciones de 1998 y de la aprobada hace unas semanas, lo que da lugar a
"desequilibrios sociales y territoriales" de los que puso como ejemplos
la escasa cobertura en zonas de las dos Castillas, Galicia, Navarra o La
Rioja.
Defendió que las medidas propuestas no costarían un euro al erario público ya
que serían financiadas con "recortes de los multimillonarios beneficios de las
operadoras". Una alusión de la diputada socialista provocó la intervención no
prevista del portavoz del PP, Luis de Grandes, quien acusó a la Junta de
Castilla-La Mancha de "oportunista" y de "sorber y soplar" a la
vez con iniciativas como ésta y, al mismo tiempo, con la legislación más
restrictiva en materia de instalación de antenas.
Juan Manuel Moreno insistió en que la propuesta es un "brindis al sol"
contrario a la regulación comunitaria y abundó en la idea de que la calidad
"tiene mucho que ver" con la instalación de antenas sobre la que la Junta dictó
una ley mucho más restrictiva que la ya garantista del Estado y que ha
perjudicado el desarrollo de las telecomunicaciones en esa región. Díez de
Baldeón replicó que la norma sobre antenas castellano-manchega es un ejemplo de
protección a los ciudadanos y argumentó que, si esa fuera la razón de la mala
cobertura, ésta afectaría solo a Castilla-La Mancha y no, como ocurre, a otras
muchas regiones.
Los portavoces de CHA, BNG, CC y CiU apoyaron la toma en consideración de la
proposición si bien el de éste último grupo, Jordi Jané, matizó que la
financiación debería ser mixta y no sólo privada. |
