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La Dirección General de Consumo ha recibido desde el pasado mes de julio un
total de 1.838 reclamaciones de usuarios de telefonía fija, móvil e Internet, lo
que significa un aumento de más del 100% respecto al primer trimestre del año,
según informo ayer la Conselleria
de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo en un comunicado.
Algunas de las cláusulas del contrato de las compañías telefónicas que la
Generalitat considera "abusivas" son, entre otras, la penalización que se aplica
en caso de finalizar el contrato antes de un año y que la compañía no prevé
indemnizaciones en caso de una mala prestación del servicio.
Los precios anunciados mediante publicidad y que no indican claramente los
gastos totales reales y las altas en servicios de telefonía sin autorización del
usuario son otras de las irregularidades observadas por Consumo.
Respecto a la telefonía móvil, la Generalitat ha analizado 2.500 llamadas en
las que ha detectado prácticas que "perjudican los intereses de los usuarios",
como que todas las compañías facturan el primer minuto aunque en un 58% las
llamadas duran una media de 27 segundos. Otra de las prácticas detectadas pone
de manifiesto que el 3,9% de las comunicaciones se cortan por causas ajenas al
usuario, que tiene que volver a pagar el establecimiento de llamada y el primer
minuto; que en el sistema de pre-pago la factura no es detallada, y que la
información para dar de baja el servicio no es clara
| Derecho a la
información |
| La Generalitat de Catalunya ha
abierto expediente por practicas abusivas contra los usuarios contra
ocho empresas de telefonía que operan en nuestro país, sin embargo,
esconde en su comunicado oficial a que empresas se refiere.
Esta practica, tan de moda en nuestro país, deja al
usuario con un agrio sabor de boca. Sabe que le toman el pelo y le
"estafan", el organismo así lo reconoce, pero le niega el
derecho a saber quienes son aquellos operadores que realizan esta
practica para decidir por si mismo si va a seguir manteniendo una
relación comercial con compañías cuyo código ético deja mucho que
desear.
No vale decir "que el consumidor ya sabe quienes
son". Precisamente, son este tipo de actuaciones por parte de
los organismos correspondientes quienes perjudican seriamente a un
sector extendiendo la sombra de las malas practicas al resto de las
empresas.
El derecho a la información pasa porque la
Generalitat y otros organismos semejantes diga a las claras que y
cuales operadoras actúan deslealmente para que el consumidor sepa que
sus derechos son respetados independientemente del tamaño de quien lo
este pisoteando. |
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