Según explicó a EFE el investigador del Centro de Estudios Puertorriqueños Ramón Bosque Pérez, a cargo el proyecto, los primeros expedientes que se publicarán a partir de marzo de 2004 serán los del ex líder del Partido Nacionalista, Pedro Albizu Campos y del ex gobernador Luís Muñoz Marín, ambos ya fallecidos.

Bosque Pérez ha recibido en los tres últimos años 120.000 páginas, de las más de 1,6 millones que el FBI (Oficina Federal de Investigaciones) estima que tiene en sus archivos y que fueron redactadas desde 1935 hasta la década de 1990. No se podrá conocer en su totalidad el contenido de la información ya que antes de entregar los documentos, éstos son censurados por el FBI, que después de fotocopiarlos los envía al representante José Serrano, y éste al Centro.

Según Bosque Pérez, el público tendrá a su disposición 4.715 páginas sobre la vigilancia que se mantuvo a Albizu Campos, quien cumplió pena de prisión por su lucha por la independencia de Puerto Rico.

Ese paquete incluye hasta minuciosos detalles del periodo que estuvo en un hospital en Estados Unidos. También figurarán 1.726 de Muñoz Marín, quien, antes de convertirse en 1948 en el primer gobernador electo, fue presidente del Senado y uno de los fundadores del Estado Libre Asociado, quien fue investigado por su trayectoria como independentista y su interés por las causas sociales.

"El documento se va a reproducir íntegramente. La persona verá la imagen tal y como las entrega el FBI, pero le estamos añadiendo la capacidad de hacer búsquedas internas de temas específicos mencionados en ellas, algo en lo que el equipo trabaja en este momento", indicó Bosque Pérez.

El proyecto, que ha sido posible por una subvención, continuará con la publicación de documentos sobre las 17 organizaciones que se investigaron, aunque el ritmo dependerá de los fondos. "Una de las cosas interesantes (del fichaje del FBI) es que casi el 95 por ciento de las páginas (que ya han recibido) se refieren a organizaciones legalmente constituidas cuyas actividades estaban protegidas por la Constitución", indicó.

Según el investigador, su publicación incluirá una serie de materiales de investigación como prólogo, bibliografía, guías y notas históricas, de manera que el estudiante o profesor que los use tenga recursos para hacer su trabajo, ya que el proyecto tiene fines educativos. A finales de la década de 1980, se supo que la policía de la isla elaboraba expedientes a personas por su ideología independentista, lo que originó un escándalo que llevó al Tribunal Supremo de Puerto Rico a declarar inconstitucional esta práctica, ponerle término y entregar los expedientes a los afectados.

Durante varios años existió la interrogante de si organismos federales habían participado en esa práctica, cuán profunda había sido su posible implicación y si hubo intercambio de información con la policía de la isla. En 1999, el Senado de Puerto Rico hizo una investigación sobre el asunto y pidió ayuda al representante Serrano, quien en marzo de 2000, en audiencias públicas sobre el presupuesto del FBI, preguntó al director de este organismo, Louis J. Freeh, sobre el tema.

Tras admitir públicamente la participación del FBI en la persecución política, que fue paralela y conjunta con la de la policía de Puerto Rico, Freeh llegó a un acuerdo con Serrano para entregarle los documentos, tarea que comenzó en mayo de ese año. Según el investigador del Centro Puertorriqueño, el FBI sabía de la existencia de expedientes policiales, que seguían el modelo establecido por el organismo, y recibía e intercambiaba información con la policía de la isla, además de tener acceso físico a esos documentos.