Un estudio de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica señala que cada día se intercambian a través de Internet 150 millones de ficheros musicales en el mundo. La pérdida que esta cifra supone para las discográficas es de 4.000 millones de euros en volumen de negocio. Es decir, un 15% del total.

En nuestro país, y según la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la mitad de la música que obtiene el consumidor español ha sido conseguida de forma fraudulenta. Es decir, que entre la venta de discos piratas y el intercambio de ficheros "online", la cifra resultante equivale al consumo legal de discos. Este es el dato que hace unos días puso de manifiesto Eduardo Bautista, presidente del consejo de dirección de la SGAE.

La penetración de Internet en los hogares españoles es cada vez mayor, así como la conexión en banda ancha, una tecnología que facilita la operación de descarga de ficheros. No es extraño, pues, que la Mesa Antipiratería denuncie que el 23% de los hogares españoles conectados a Internet se baja archivos de material protegido. En palabras de Pedro Farré, jefe de la Oficina de Defensa de la Propiedad Intelectual, "los jóvenes están acostumbrados a escuchar música a través de Internet, y consumen canciones, no discos. Ya no quieren el álbum completo, sino determinados temas de sus grupos favoritos, y creo que la industria discográfica tiene que ser sensible a esas demandas".

Las soluciones ya no pasan únicamente por aumentar la presión policial sobre la venta ambulante, sino en controlar el intercambio de ficheros. Según una encuesta de la SGAE, el 82% de las personas entrevistadas mencionó las descargas como responsables de la crisis, un número mayor de los que hacían referencia al que, hasta ahora, parecía el talón de Aquiles, el "top manta". Claro que, en ese mismo informe, un 65% de los encuestados opinaba que la calidad de la música decrece en España, una circunstancia que es negada sistemáticamente por las multinacionales y la SGAE.

El Canon por copia privada

La finalidad es conseguir cobrar los derechos de propiedad intelectual a toda costa. Primero se consiguió imponer el canon de copia privada a los CD-R. Hace escasas fechas fue la ADAMI, sociedad gestora de derechos de autor en Francia, la que lanzó la idea de cobrar a los proveedores de acceso a Internet una tasa por la descarga de música "online". La idea partió, sin embargo, de la equivalente sociedad canadiense (SOCAN), que ya ha puesto el asunto en manos de su Tribunal Supremo.

En España, la semana pasada se extendió el rumor de que la SGAE iba a cobrar un canon por el disco duro del ordenador, algo que finalmente desmintió. No obstante, hay medidas más agresivas para luchar contra la piratería, como las emprendidas por la Asociación Estadounidense de la Industria Discográfica (RIAA), que quiere obligar a los proveedores a facilitar la identidad de los clientes que se bajan música. Los jueces del tribunal de apelaciones de Columbia han frenado la campaña, ya que no se pueden facilitar datos de diez millones de americanos amparados por la Ley de Protección de Datos.

En cualquier caso, las compañías parecen dispuestas a replantearse el modelo de negocio, sin olvidar otros frentes por donde abordar la situación. Para Francisco Gómez, de la discográfica EMI, "la solución es, sobre todo, política. Igual que ocurre con el tabaco, un problema que el Gobierno se ha tomado en serio. La música debe ser protegida como un bien cultural". El camino que hay que seguir se divide en dos vías: "diversificación del negocio, e intensificar la lucha contra la piratería a nivel institucional. Debe haber, en este sentido, un acuerdo entre el Gobierno y las empresas implicadas". Así las cosas, el futuro es, según Francisco Gómez, "fantástico. Eso sí, cambiará la forma de consumir música".