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 ¡Somos legales y cumplimos con la ley!,dicen los proveedores de servicios premium
 La Asociación Española de Administradores de Páginas de Comercio Electrónico,(ASEAPA), una entidad que agrupa a buena parte de proveedores de contenido online adulto y de ocio que puede descargarse a través de sistemas de pago pide que se ponga fin a la "persecución a la que se encuentran sometidos" y que pone en peligro la existencia de más de 5.000 puestos de trabajo directos.


 
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Más de 5000 personas desarrollan en España actividades basadas en el acceso a sistemas privados de contenidos, en su gran mayoría trabajadores autónomos y principalmente jóvenes. Allí los usuarios pueden encontrar desde contenido adulto (sexo,contactos...) a ocio y entretenimiento y según distintos datos recogidos por Noticiasdot.com es de las pocas actividades basadas en internet que mantienen resultados positivos.

Sin embargo, este sector, uno de los más dinámicos y con mayor número de trabajadores empleados, se siente perseguido por Asociaciones de consumidores y por la propia Administración, que identifica a esta actividad empresarial con todo tipo de actuaciones deshonestas y delictivas.

"Parece que sean los promotores de los servicios de acceso privado los grandes estafadores que se encuentran en la red, sin embargo esto es falso y a los datos nos referimos. Solamente hace  falta analizar los datos que nos llegan desde organismos, como la FTC estadounidense o las propias estadísticas de organizaciones de consumidores, para ver que son las promesas de enriquecimiento fácil, negocios piramidales o estafas en las subastas las que más perjudican a los consumidores
", nos explica un directivo de una de estas firmas.

En nuestro país, señalan además que si bien existen quejas sobre algunas empresas, las principales denuncias en el sector de las telecomunicaciones se refieren a "asignaciones telefónicas fraudulentas, estafas de premios telefónicos y al mal servicio en las redes".

Si bien los empresarios de este sector están ya acostumbrados a ser el blanco de todas las criticas y que de vez en cuando alguna asociación de consumidores cargue contra su actividad, unas reciente declaraciones de la Ministra de Sanidad, Ana Pastor, ha sido la gota que ha colmado su paciencia."Nos quieren criminalizar, cuando es desde el propio Ministerio que no hacen sus deberes lo que permite que existan algunas compañías que violan la legalidad".

En estas declaraciones, la ministra alertó ante los consejeros de Consumo de las diecisiete
comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, sobre los prefijos 800.803, 806 y 807. "Son prefijos que tenemos que marcar con ciertas precauciones si no queremos pagar una factura millonaria. Para controlar este tipo de servicios con tarifas adicionales, existe una nueva orden ministerial por la que los números que cuestan más caros deberán identificarse. Nace también un nuevo prefijo relativo a Internet, el 907. Además a partir de ahora se podrán presentar reclamaciones a través de lared. El nuevo sistema se inaugurará esta tarde y estará plenamente operativo a partir del nueve de febrero."

"En las palabras pronunciadas por la señora Ministra se desprende que las páginas de comercio electrónico en Internet o el e-comerce referido a comunicaciones por números de valor añadido (números 806 y 907) son de algún modo estafadores y da por supuesto que la factura telefónica del usuario va a verse "inflada" por el solo hecho de conectarse voluntariamente a uno de ellos", dice un comunicado de la ASEAPA, recordando que este tipo de servicios existen en todos los países del mundo, aunque regulados de manera clara. Una iniciativa que reclaman estos empresarios, tanto para su seguridad jurídica como para los consumidores que acuden habitualmente a estos lugares.

Los propios webmasters y empresarios de acceso premium recuerdan que siempre han tenido voluntad de colaborar en la regulación del sector, aportando su conocimiento y poniendo fin a aquellas practicas que son deshonestas y que perjudican, tanto al consumidor como a las propias firmas que se desempeñan en esta actividad.

Asimismo, aclaran que, aunque no participaron en la elaboración del Código ético aprobado unilateralmente por la Administración las grandes firmas que operan en el sector la aplican estrictamente y vigilan a la vez, que sus afiliados la cumplan de igual manera.

"Todo ello defendiendo el derecho libre y constitucional de cualquier ciudadano a acceder a aquellos servicios legales que le sean de interés, sean gratuitos o de pago",dicen los empresarios de este sector, reconociendo que es posible que algún usuario se conecte de manera involuntaria a algún servicio de este tipo, pero que no tiene ninguna explicación que se conecte día sí y día también y que después nos digan que ha fue por error.

¿Falta de información?

Asimismo, estos explican que las empresas que operan en España ofrecen en sus paginas de acceso premium información sobre la compañía (con todos los datos legales necesarios y más), precio del servicio y amplia información sobre el contenido que puede encontrar quien se conecte a alguna de estas páginas.

"Mucho más de lo que ofrecen otros proveedores de servicios premium, como aquellas empresas ampliamente conocidas que ofrecen noticias o descargas de complementos para terminales móviles" y a las que nadie quiere referirse centrando sus criticas hacía este sector, "seguramente por los contenidos que ofrecemos"... añaden.


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domingo, 25 mayo 2014

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