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El Gobierno y las operadoras estudiarán sistemas para evitar el redondeo al alza en  las llamadas telefónicas
Los ministerios de Ciencia y Tecnología y Sanidad y Consumo y las operadoras de telefonía han acordado la puesta en marcha de dos grupos de trabajo para estudiar sistemas que eviten el redondeo al alza de las llamadas y conseguir transparencia de precios, informó ayer el departamento de Ana Pastor.  


 
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Agencias - La reunión celebrada ayer entre la administración y el sector ha dado como fruto un primer grupo de trabajo que está encaminado a garantizar que los precios "sean reflejo del servicio realmente prestado al usuario, evitando fórmulas de redondeo siempre al alza".

Asimismo, ambas partes han decidido crear un segundo grupo que tiene como objetivo encontrar mecanismos que permitan al usuario conocer de forma adecuada los diferentes precios de las distintas compañías mediante fórmulas que reflejen de forma homogéneas los parámetros utilizados por éstas.

En este sentido, la intención es definir un elemento referencial común, al estilo de la Tasa Anual Equivalente (TAE) en los servicios hipotecarios, al que se traduzcan las diversas ofertas de precios disponibles en el mercado, lo que aumentará la información al consumidor y mejorará su capacidad de decisión para elegir la oferta más adecuada.

Ante el elevado número de reclamaciones sobre servicios de telefonía presentadas por los usuarios, los representantes del sector han manifestado a la Administración su "máxima disponibilidad" para encontrar fórmulas que permitan garantizar los derechos de información de los usuarios sin menoscabar sus intereses legítimos, según Sanidad.

La Federación de Consumidores en Acción (Facua) denunció recientemente ante el Instituto Nacional de Consumo y el Defensor del Pueblo que el cobro por segundos de conversación no consumidos por los usuarios vulnera la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Facua expresó su satisfacción ante el resultado de la reunión y reclamó que las asociaciones de consumidores participen en los mencionados grupos de trabajo. Asimismo, demandó una resolución del Instituto Nacional de Consumo que valore estos métodos de facturación desde un punto de vista jurídico y determine su ilegalidad.

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domingo, 25 mayo 2014

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