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El Gobierno y las operadoras estudiarán sistemas para evitar el redondeo al alza
en las llamadas telefónicas |
Los ministerios de Ciencia y Tecnología y Sanidad y Consumo y las operadoras de
telefonía han acordado la puesta en marcha de dos grupos de trabajo para
estudiar sistemas que eviten el redondeo al alza de las llamadas y conseguir
transparencia de precios, informó ayer el departamento de Ana Pastor.
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Agencias - La reunión celebrada ayer entre la
administración y el sector ha dado como fruto un primer grupo de trabajo que
está encaminado a garantizar que los precios "sean reflejo del servicio
realmente prestado al usuario, evitando fórmulas de redondeo siempre al alza".
Asimismo, ambas partes han decidido crear un segundo grupo que tiene como
objetivo encontrar mecanismos que permitan al usuario conocer de forma adecuada
los diferentes precios de las distintas compañías mediante fórmulas que reflejen
de forma homogéneas los parámetros utilizados por éstas.
En este sentido, la intención es definir un elemento referencial común, al
estilo de la Tasa Anual Equivalente (TAE) en los
servicios hipotecarios, al que se traduzcan las diversas ofertas de precios
disponibles en el mercado, lo que aumentará la información al consumidor y
mejorará su capacidad de decisión para elegir la oferta más adecuada.
Ante el elevado número de reclamaciones sobre servicios de telefonía presentadas
por los usuarios, los representantes del sector han manifestado a la
Administración su "máxima disponibilidad" para encontrar fórmulas que permitan
garantizar los derechos de información de los usuarios sin menoscabar sus
intereses legítimos, según Sanidad.
La Federación de Consumidores en Acción (Facua) denunció recientemente ante el
Instituto Nacional de Consumo y el Defensor del Pueblo que el cobro por segundos
de conversación no consumidos por los usuarios vulnera la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Facua expresó su satisfacción ante el resultado de la reunión y reclamó que las
asociaciones de consumidores participen en los mencionados grupos de trabajo.
Asimismo, demandó una resolución del Instituto Nacional de Consumo que valore
estos métodos de facturación desde un punto de vista jurídico y determine su
ilegalidad. |
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domingo, 25 mayo 2014 |
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