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El Ministerio de Economía británico investiga a Vodafone por no pagar el IVA de las tarjetas prepago 
El grupo británico de telefonía móvil Vodafone está siendo investigado por el Ministerio de Economía británico por no pagar el IVA de las tarjetas prepago en el marco de una campaña del Gobierno británico para "desenredar" los sistemas tributarios que utilizan las compañías para ahorrarse impuestos, indicó hoy el 'Financial Times'.  


 
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Según el rotativo, ayer se produjo una reunión en la sede de Vodafone con los servicios fiscales británicos "a petición de la compañía", que finalmente se zanjó sin alcanzar un acuerdo.

El teleoperador reconoció haberse ahorrado 15 millones de libras (22,5 millones de euros) a través de la venta de tarjetas prepago en Reino Unido a través de una filial irlandesa, un sistema fiscal cuya aplicación por parte de la empresas ha provocado, según la Administración de Tony Blair, que las arcas del Estado dejen de ingresar 500 millones de libras (750 millones de euros).

Al parecer, Vodafone utilizó un procedimiento respaldado por varias compañías de contabilidad como KPMG y Deloitte que, según el Gobierno, es un abuso del sistema tributario aunque no sea ilegal.

Hasta 2003, las tarjetas prepago en los estancos y tiendas de comestibles no estaban sometidos al IVA, pero esta disposición cambió en 2003, de modo que sólo las tarjetas fabricadas en Irlanda escapaban al impuesto, lo que hizo que Vodafone decidiese producir las tarjetas en este país durante seis meses.

Según el diario, la campaña de los servicios fiscales británicos contra este sistema tributario forma parte de un plan más amplio diseñado por el ministro de Economía, Gordon Brown, con el objetivo de reforzar la fiscalidad y "desenredar" los procedimientos que utilizan las compañías para reducir los impuestos que pagan.

Uno de estos procedimientos consiste en utilizar los resquicios legales en las divisiones extranjeras de las compañías y un sistema de bonos diseñado para beneficiar a las organizaciones sin ánimo de lucro.

El objetivo de esta campaña, precisaron fuentes del Ministerio de Economía al diario, es que si una firma de contabilidad presenta un sistema "claramente abusivo y artificial", pueda ser bloqueado "antes de que puedan ofrecérselo a sus clientes". "Eso es claramente preferible al sistema actual, en el que tenemos que descubrir este tipo de sistemas una vez que ya han sido distribuidos y utilizados por todo el mundo", añadieron estas fuentes.




 

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domingo, 25 mayo 2014

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