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La CLI señaló en un comunicado que esta medida "parte de
la presunción de culpabilidad del usuario, pues se basa en que por sistema el
usuario hará un uso ilegítimo de este tipo de soportes". La entidad, que
remarcó la necesidad de luchar contra la piratería, considera que "no es un
fin que justifique tales medios".
En su opinión, el canon "limita el acceso a material
educativo e impone un monopolio a la educación al restringir el acceso a
herramientas que la facilitan". Además, denunció que "coarta la libertad"
del usuario e impone un "coste a la informatización de bienes" como fotos
digitales, vídeos domésticos "o cualquier otro tipo de información cuyo único
autor sea el propio usuario".
La CLI también denuncia que "impide" el ejercicio de las excepciones al derecho
de autor consagradas en la normativa vigente y "limita las previsiones que
exigen que se garantice un equilibrio entre los derechos e intereses de las
diferentes categorías de titulares de derechos, así como entre las distintas
categorías de titulares de derechos y usuarios de prestaciones protegidas".
La Comisión concluyó que imponer un gravamen a la materia prima informática "es
un mecanismo para ampliar la brecha digital" y añadió que permitir que los
usuarios reclamen el importe del canon demostrando que no se utilizan los
soportes para "piratear" resulta "excesivamente costoso y desproporcionado".
La CLI está integrada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE),
la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), la Federación de
Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), UGT, CCOO, Asociación de
Doctores, Licenciados e Ingenieros en Informática (ALI) y la Asociación de
Internautas (AI).
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