Además crea limitaciones para la activación de teléfonos usados y dispone una pena de seis meses a tres años de prisión para quien utilice un equipo robado, siempre y cuando se pruebe que conocía su origen ilegal. La propuesta deberá regresar al Senado para su sanción definitiva, ya que los diputados la modificaron.

El nuevo texto elimina una facultad dada por los senadores a la policía, que permitía inspeccionar a las personas en la vía pública para ver si eran los veraderos dueños de los equipos.

La propuesta, que fue considerada "exagerada" por parte de la mayoría de los diputados, fue reemplazada por un artículo que permite a la policía acceder cuando lo desee a los registros de aparatos robados de las empresas.

"Buscamos enfrentar fundamentalmente la clonación de equipos", afirmó el diputado Mario Nemirovsci, en referencia a quienes habilitan teléfonos robados mediante la copia de claves de aparatos autorizados.

La nueva regulación fue aprobada por 156 votos a favor y sólo 4 en contra. Sin embargo, en el debate se escucharon críticas, referidas especialmente al parto apresurado que tuvo la ley en el Senado, donde se aprobó en medio de la presión social por mayor seguridad.

"No nos gusta esta forma de legislar, sacar todo rápido nos hace cometer errores", se quejó el jefe de la bancada radical, Horacio Pernasetti, que aludió al clima que rodeó en las últimas semanas la sanción de leyes.

El diputado de la UCR corrió al Parlamento del eje de las soluciones en materia de uso ilegal de celulares y consideró que la "ausencia de control" de la Comisión Nacional de Comunicaciones permitió gran parte de los abusos.

MAYORES CONTROLES PARA EL USO DE TELEFONOS CELULARES