A ello se añade la dificultad técnica de que se hayan podido conservar durante tanto tiempo los contenidos de aquellos mensajes y no únicamente los datos referidos a la facturación, como por ejemplo hora y duración de la comunicación y entre qué teléfonos se produjo, agregó.

El acceso a los contenidos de las comunicaciones telefónicas está sujeto a la intervención judicial, indicó Rubí, quien explicó que, además, hay que diferenciar si el abonado es una persona física o jurídica.

En el caso de una persona física, está amparada por la ley de protección de datos, que exige el consentimiento de la persona afectada para divulgar estas informaciones. Sin embargo, un decreto ley de 1994 sobre solicitud de datos financieros de personas físicas a entidades privadas con motivos tributarios podría abrir la puerta a este tipo de requerimiento aún sin consentimiento, a pesar de que, a juicio de Rubí, en la situación actual "no parece que se pueda extender la solicitud de información sobre comunicación de empresas financieras a empresas de telecomunicaciones".

Si el abonado es una persona jurídica -en el caso de un teléfono contratado por un partido político o una empresa, etc-, no está amparado por la ley de protección de datos y por tanto, no está cubierto por este sistema de garantías.

En este caso, es necesario solicitar a la persona jurídica abonada información adicional sobre qué persona física utilizó determinado teléfono en determinado momento.

No está claro que esa información pueda legalmente solicitarla el Congreso de los Diputados, indicó Rubí, quien abogó por una "reflexión adicional" por parte de los órganos competentes de la Comisión de Investigación del Parlamento para esclarecer el ámbito legal.