"Le Parisien" aventura que el documento, que está en manos del ministro de Industria, Patrick Devedjian, implicará la imposición de una multa que podría representar hasta el 10 por ciento de la facturación mundial de Orange (filial de France Télécom), SFR (participada por Vivendi) y Bouygues Télécom (filial de Bouygues).

El Gobierno no tiene intención de hacer público por el momento el contenido de las investigaciones de sus servicios antifraude, porque eso podría abortar la instrucción judicial, pero podría exigir esfuerzos tarifarios, como hizo con los mensajes de móviles (SMS) en mayo.

El procedimiento lo abrió la asociación de consumidores "UFC-Que choisir" en febrero de 2002 con una denuncia ante el Consejo de la Competencia por acuerdo ilícito.

"UFC-Que choisir" se quejaba de que los operadores habían decidido conjuntamente establecer el mismo sistema de facturación de las llamadas para evitar la competencia, de modo que los abonados de todos ellos debían pagar sus llamadas sobre la base de un primer minuto indivisible, y a partir de ahí por franjas de 30 segundos.

El Consejo de la Competencia encargó las pesquisas a los servicios antifraude del Ministerio de Economía, que el verano pasado llevaron a cabo registros simultáneos en las sedes de Orange, SFR y Bouygues Télécom.

Un informe similar abierto contra nueve bancos de los que se demostró que habían establecido un compromiso para evitar hacerse la competencia en la renegociación de créditos inmobiliarios dio lugar a una multa histórica de 183 millones de euros en el otoño de 2000.