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Agencias .- Un juez federal de Nueva York declaró hoy anticonstitucional una parte de la ley antiterrorista estadounidense bautizada como "Patriot Act", pero el cumplimiento de la sentencia quedó en suspenso de forma temporal.

La opinión del juez Víctor Marrero se refiere al capítulo de la ley que permite a los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) exigir a los proveedores de internet, compañías de teléfonos y otras empresas información confidencial sobre sus clientes en el marco de sus investigaciones sobre terrorismo.

El dictamen respondía a una demanda de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (UCLA, por sus siglas en inglés), que desafió en abril pasado los amplios poderes dados por esa polémica ley al FBI.

La sentencia de Marrero, expuesta en más de un centenar de páginas, prohíbe al fiscal general de Estados Unidos, John Ashcroft; el director del FBI, Robert Mueller, y el asesor de esta agencia, Marion Bowman -las tres personas contra las que UCLA había presentado originalmente su demanda-, emitir lo que denominan "cartas de seguridad nacional" (NSL, por sus siglas en inglés), y rechaza la petición de estos de desestimar el caso.

El cumplimiento del dictamen queda "pendiente de cualquier apelación" que el Departamento de Estado pueda presentar y, si esto no ocurre, "por un período de noventa días", según se puede leer en la sentencia.

El caso se refiere en concreto a la posibilidad que tienen las autoridades de emitir NSL para pedir información confidencial sin aprobación judicial y sin necesidad de demostrar una necesidad imperiosa que justifique el acceso a los documentos.

Tampoco es necesario especificar los mecanismos que permitirían al destinatario oponerse a la petición, mientras que la empresa no puede revelar haber recibido una demanda de ese tipo.

La demanda, presentada por la UCLA y una firma de internet a la que se llama por el nombre genérico de "Joe Doe" para preservar su identidad, pedía al juez que declarara dichas cartas inconstitucionales y bloquear su aplicación.

En un comunicado de prensa, el director ejecutivo de UCLA, Anthony Romero, consideró la sentencia "una victoria histórica" contra los "intentos del Departamento de Justicia de inmiscuirse en la vida de estadounidenses inocentes en nombre de la seguridad nacional".

El dictamen del juez reconoce que la parte de la ley cuestionada por la demanda viola el derecho a la libertad de expresión que contempla la Primera Enmienda de la Constitución, y el derecho a no sufrir un registro sin orden judicial como estipula la Cuarta Enmienda, señala la organización.

El "Patriot Act", aprobada por el Congreso estadounidense un mes después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, ha sido criticado por grupos defensores de los derechos civiles y algunos políticos por considerar que va demasiado lejos y viola las libertades de los individuos.

Hace unos días, un grupo de senadores demócratas y republicanos presentó un proyecto de ley para corregir sus aspectos más polémicos y estimó que el Gobierno se ha excedido en su afán por fortalecer la seguridad nacional.

Hasta ahora, tres estados y más de 180 ciudades y condados de Estados Unidos han aprobado resoluciones de repulsa a la "Patriot Act", en las que se pide que se anulen aquellas normas que violen los derechos y libertades garantizados por la Constitución.

Entre otros elementos, la ley antiterrorista expande los poderes policiales, permite las escuchas telefónicas sin una razón específica y da vía libre a la vigilancia de los estadounidenses en todos los sitios públicos.

También restringe los actos de protesta y de desobediencia civil en contra de las políticas del Gobierno de EEUU, y permite incluso a la policía federa revisar los libros que una persona saca de una biblioteca o los vídeos que alquila.