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"Después de ese plazo, la tarjeta será anulada",
precisa la portavoz de Swisscom, Pia Colombo.
"Los clientes ya no podrán telefonear. Pero durante un tiempo recibirán un
mensaje recordándoles que deben registrarse".
La inscripción es gratuita, pero debe ser hecha por la persona dueña del
terminal o la tarjeta prepago. Para la verificación de sus datos deberá
presentar su pasaporte, un carné de identidad válido u otro tipo de documento
admitido para cruzar la frontera suiza.
El costo de esta operación para las tres operadoras helvéticas: Swisscom, Orange
y Sunrise se calcula entre 30 y 50 millones de francos.
Una vez recogidos los datos, las operadoras deberán conservarlos durante un
mínimo de dos años. Asimismo tendrán la obligación de comunicar a las
autoridades sobre juicios penales.
El objetivo es evitar que los terroristas y otros narcotraficantes se aprovechen
del anonimato garantizado hasta ahora a quienes tienen teléfonos portátiles con
tarjeta prepago.Según datos de la última semana,
menos de la mitad de los dueños han realizado este tramite al que les obliga la
ley
Caso Al-Qaida
Las autoridades federales decidieron tomar medidas a raíz de los atentados del
11 de septiembre de 2001 y del caso Al-Qaida. Presuntos miembros del movimiento
terrorista utilizaban tarjetas de la operadora suiza, según se desprende de los
exámenes minuciosos de los archivos de Swisscom.
En 2002, año en que las autoridades federales decidieron intervenir, se empleron
tarjetas prepago para teléfonos portátiles en 528 casos de crimen organizado.
La estadística señala asimismo que casi el 100% de las personas vinculadas con
el narcotráfico recurren a esas tarjetas, en el anonimato total.
Por consiguiente, el gobierno helvético decidió decidido adaptar la Ley federal
sobre control de correspondencia postal y telecomunicaciones (LSCOPT en su sigla
francesa). El mismo principio ya está vigente en Alemania, Italia y Hungría. |