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De todos ellos, 1.260 han alcanzado un acuerdo con la RIAA
comprometiéndose a pagar un promedio de 3000 dólares para paralizar el proceso
iniciado por las discográficas.
La cantidad es un 25% menor a lo que habitualmente suele exigir la RIAA en sus
demandas por casos menores, 4000 dólares. En caso de que esta tenga conciencia
de que el usuario es un gran consumidor o distribuidor de copias piratas por la
red la cantidad puede ser mayor, como sucedió en el caso de la estudiante
Aurelie Bredent, de 23 años, que finalmente pago 4.500 dólares, aunque la RIAA
le pedía 6.000 para cerrar el caso.
A Aurelie se le acusaba de poner a disposición de otros usuarios un gran número
de títulos musicales a través de las redes P2P.
Los padres responsables
Sin embargo, este fue un caso "excepcional". En la gran mayoría de los casos,
son los titulares de las líneas telefónicas, es decir los padres, los demandados
por la Asociación discográfica.
Un experto en propiedad intelectual, el abogado Roy Oppenheim, afirma que los
padres que ahora se enfrentan a demandas tienen la obligación de saber lo qué
sucede en sus hogares, especialmente si se tiene acceso a Internet, respondiendo
a aquellos que como "excusa" explican que desconocían que sus hijos descargasen
o intercambiasen archivos y que no supieran que esta actividad era ilegal
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