La subasta de licencias de UMTS (tecnología utilizada por la 3G) en Europa costó en el año 2000 a las empresas del Viejo Continente más de 100.000 millones de euros.

Los expertos explican que estas "elevadísimas inversiones" se fundamentaron en unas previsiones "tan alejadas de la realidad como suponer que en 2004 habría 10 millones de usuarios de 3G en Alemania", cuando en realidad las operadoras acaban de presentar el nuevo servicio y apenas tienen abonados todavía.

Estos analistas supeditan el despegue definitivo de la nueva tecnología a la comercialización de una "masa crítica de terminales adecuados" y a la aparición de "contenidos atractivos, baratos y fácilmente accesibles en dispositivos de uso sencillo".

Advierten de que en España, de las cuatro compañías adjudicatarias de licencias UMTS, Telefónica Móviles, Vodafone, Amena y Xfera, sólo las dos primeras han comenzado a comercializar "tímidamente" terminales 3G en marzo de 2004, por lo que "todavía se está lejos de poder hablar de cuotas de mercado o modelos de negocio establecidos".

Respecto a España, el informe también recuerda que el Gobierno ha optado por flexibilizar los compromisos de las operadoras en cuanto a los plazos y la cobertura del servicio, pero subraya que las compañías todavía están obligadas a invertir un total de 11.200 millones en los diez primeros años de la prestación del servicio de telefonía móvil de tercera generación.

Al margen de las dificultades y retrasos en la puesta en marcha de la 3G, el estudio de la Fundación de la Innovación Bankinter destaca que la nueva tecnología permitirá crear la "navaja suiza de las telecomunicaciones".

Los expertos emplean este calificativo para referirse a un dispositivo móvil que podrá servir de cámara, de medio de pago, de ordenador personal, de agenda, de GPS, y de reproductor de contenidos audiovisuales, además de teléfono.

No obstante, avisan de que, si no acaban de converger aparatos como los teléfonos móviles y las agendas electrónicas o PDAs, podría llegar a plantearse al usuario el dilema de tener que decidir entre dispositivos de voz y otros de datos.

Apuntan la conveniencia de que los fabricantes y las operadoras "se pongan de acuerdo en unos o varios estándares, no sólo de sistemas operativos, sino también de formatos de hardware, de sistemas de seguridad y de lenguajes de programación".

De hecho, operadoras y empresas de la industria de telefonía móvil de todo el mundo ya se han unido recientemente en una iniciativa denominada Open Mobile Terminal Platform (OMTP), cuyo objetivo es desarrollar una plataforma de software común de terminales.

Los expertos de la Fundación de la Innovación Bankinter también abogan por la participación de los poderes públicos en la "homogeneización de las reglas de juego".

A este respecto, opinan que el sector público se ha limitado hasta ahora "a controlar el espectro radioeléctrico y a recaudar el elevado peaje que las operadoras se han visto obligadas a pagar en las millonarias subastas de las licencias, y cuyo retorno a la inversión ahora es un reto más a superar", informa EFE