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Beteta, que ayer se reunió con representantes del comité de empresa de la CMT,
sostuvo que el Real Decreto del Gobierno "no es válido, porque no tiene el
informe preceptivo de la propia CMT".
El portavoz popular se comprometió también con los trabajadores a presentar en
el Parlamento madrileño, el próximo 4 de febrero, una iniciativa para que el
Gobierno regional pida al de la nación que "anule" este traslado.
Explicó que si ninguna de estas acciones tiene "éxito", el grupo popular hará
lo posible "para que los trabajadores tengan el trato personal que se merecen
y se les busquen las recolocaciones oportunas".
Tras aseverar que el traslado de los trabajadores de la CMT a Barcelona es una
"auténtica deportación", se mostró convencido de que responde a una
"decisión
puramente política, tendente a perjudicar a la Comunidad de Madrid y a
beneficiar a la Generalitat de Cataluña".
Señaló que el traslado conlleva "un coste económico para las 140 familias
afectadas y un coste adicional para la Administración del Estado, y perjudica
al sector, que tendrá que cambiar su operativa".
Insistió en que los trabajadores cuentan con el "apoyo" y el
"respaldo" del PP
y criticó las "escasas reuniones" y el "nulo diálogo" que les ha dedicado el
Gobierno de la nación.
El portavoz del comité de empresa, Angel Jiménez, se quejó de "un traslado que
nadie quiere y que no tiene ningún tipo de justificación", y lamentó que sea
un "peaje que tenga que pagar el presidente del Gobierno y que le toque
pagarlo a las 140 familias que tienen su sustento en la CMT".
Jiménez consideró "indignante ver que el Gobierno no cumple la ley y traslada
de ciudad a 140 personas saltándose la normativa laboral" y aseguró que el
comité de empresa emprenderá "todas las acciones jurídicas" que pueda para
evitar el traslado, previsto para 2005.
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