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El Tribunal Supremo USA "insinúa" que los promotores de las redes P2P podrían
ser culpables de inducción |
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Ayer se celebró la vista ante el Tribunal Supremo sobre la "legalidad" o no de
las redes P2P. Una mayoría de magistrados parecían coincidir que no se puede
culpar a la tecnología de su uso, aunque también dejaron claro que los creadores
de esas redes podrían ser culpables de inducir a los usuarios a descargar
ficheros protegidos |
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Agencias - Jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos cuestionaron el martes
si los intentos de la industria discográfica por acabar con los sistemas de
intercambio de archivos online desalentarían la invención de nuevos productos
como el reproductor de música iPod de Apple.
Pero los jueces también sugirieron que los sistemas "peer-to-peer"
podrían ser considerados responsables de violación de los derechos de autor
porque atraen a los usuarios diciéndoles que pueden copiar música y películas
gratuitamente.
Las discográficas y los estudios cinematográficos han presentado una demanda
para cerrar a fabricantes de software "peer-to-peer" como Grokster y Morpheus,
argumentando que millones de canciones y películas son copiadas cada día a
través de esos sistemas, algo que está recortando las ventas.
Tribunales inferiores han considerado que Grokster y Morpheus no pueden ser
declarados responsables por las actividades de sus usuarios porque, al igual
que un grabador de vídeo, su software puede utilizarse tanto de forma legítima
como saltándose las leyes.
El Tribunal Supremo parecía compartir esa línea de razonamiento. El juez Steven
Breyer señaló que otros inventos, desde la impresora de tipos móviles hasta el
reproductor digital de música iPod, podrían ser utilizados para copiar
ilegalmente obras protegidas, pero han demostrado ser beneficiosos para la
sociedad.
Si el tribunal declara a Grokster culpable de las prácticas prohibidas de sus
usuarios, podría producirse un efecto paralizador en otros inventores, dijo
Breyer y otras fuentes judiciales.
¿Son culpables de inducción?
Pero el tribunal también se centró en una cuestión que ha se ha destacado menos
en los casos previos: si Grokster y los servicios de ese tipo deberían ser
responsabilizados de incitar o "inducir" a la copia no autorizada.
El abogado de Grokster, Richard Taranto, argumentó que el servicio
debería ser juzgado por su comportamiento actual, no por acciones de hace
varios años cuando se estaba intentando atraer a los usuarios.
Pero el juez David Souter calificó ese argumento de "ridículo". Incluso
aunque Grokster ya no anuncie que los usuarios pueden encontrar fácilmente
material protegido por derechos de autor, seguirá beneficiándose de la
publicidad realizada en el pasado, dijo.
"Las ventas de un producto el viernes son resultado de actos de inducción
desde el lunes hasta el jueves", dijo Souter.
La jueza Ruth Bader Ginsburg sugirió que un tribunal menor debería
celebrar un juicio aparte para investigar si Grokster era culpable por
inducción.
El abogado que representa a la industria discográfica Donald Verilli insinuó
que Grokster no tenía derecho a recibir el mismo amparo otorgado al grabador de
cintas de vídeo porque en general se utiliza más para cometer una infracción,
no para usos legítimos.
"Su actual uso ilegal masivo no les permite especular con que además hay
usos del sistema que no violan las leyes".
Los ingresos de la industria discográfica han sufrido un fuerte descenso del 25
por ciento desde que surgieran los sistemas de intercambio de archivos en 1999,
aunque registró un leve incremento el año pasado.
Los usuarios que cumplen con la legalidad son ahora más, dijo Taranto. Cientos
de miles de canciones y millones de videojuegos han sido vendidos a través del
sistema denominado Altnet que permite a los propietarios de los derechos de
autor mantener algún control sobre su material, mientras que los músicos que no
quieren vender canciones y vídeos musicales han podido distribuirlos gratis,
dijo.
Verilli dijo que esos números palidecían en comparación con los 2.600 millones
de canciones que son reproducidas sin permiso cada mes.
Paul Clement, del Departamento de Justicia, hablando en nombre de
la industria discográfica, sugirió que un producto debería disfrutar de
protección si fuese utilizado ilegalmente menos del 50 por ciento de las veces. |
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sábado, 24 mayo 2014 |
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