DOCUMENTO COMPLETO MANIFIESTO "TODOS CONTRA EL CANON"
* Rechazo a que fabricantes de soportes, equipos o gestores de redes de
telecomunicaciones sean corresponsables de los contenidos que se
almacenen o circulen por ellas.
* El canon grava y penaliza de forma indiscriminada a todos los usuarios.
Tampoco erradica el fenómeno de la piratería y fomenta el fraude.
* Total respeto por los derechos de autor y su gestión directa a través
de tecnologías digitales y sistemas de protección contra copias
Es un hecho contrastable que los avances tecnológicos inducidos por las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son uno de los
elementos que más han contribuido a mejorar el nivel de vida y el
bienestar de la sociedad actual, tal como expresaron los mandatarios de
120 países reunidos en Ginebra, en diciembre de 2003, con motivo de la
primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.
El uso de las TIC por ciudadanos y empresas es una de las claves para
permitir el acceso a la cultura, a la calidad de vida y a configurar una
economía competitiva en las sociedades modernas.
Las nuevas redes y servicios de telecomunicación, basados en la
tecnología digital, han propiciado un cambio en el entorno al que es
preciso adaptar los procedimientos anteriores de protección de los
derechos de autor. La tecnología digital permite la gestión directa de
los derechos de propiedad intelectual y la existencia de sistemas de
protección contra la realización de copias ilegales. La evolución del
mundo analógico al digital permite, además, la gestión de los derechos de
autor a través de métodos distintos al "canon", como son los TPMs y DRMs
(Technological Protection Measures y Digital Rights Management).
Internet propicia un cambio de modelo, con canales de distribución
alternativos a los tradicionales. Un "canon" no debe proteger un canal
frente a otro.
El "canon" no soluciona el problema de fondo y legitima la actividad
ilegal de los contenidos y de los productos culturales. Así, la
imposición de un "canon" en las líneas de banda ancha daría apariencia de
legalidad a una actividad que ahora es etiquetada como ilegal.
Todos los elementos que intervienen en las TIC (soportes, equipos y redes
de telecomunicaciones) sirven tanto para los contenidos que tienen
derechos como para los que están libres de ellos. Por tanto, si se grava
de forma indiscriminada, se penaliza a todos los usuarios.
La existencia de un "canon" sobre los elementos mencionados introduciría
una múltiple imposición, ya que se pagarían derechos por comprar o
adquirir contenidos, se volverían a pagar por el hecho de almacenarlos en
un dispositivo y por moverlos a través de una red de telecomunicaciones.
El "canon" no erradica en ningún caso, las actividades vulneradoras de
los derechos de autor -la piratería o el top manta-, e incentiva el
fraude por los beneficios que supone hurtar su pago. Un "canon"
incrementaría el coste de soportes, equipos y servicios, propiciando la
deslocalización de actividades a otros países que no tiene este gravamen.
En este momento, determinados agentes están presionando públicamente en
los medios de comunicación, con la pretensión de legislar en favor de un
canon o impuesto que grave a los soportes, equipos, redes de
telecomunicaciones o accesos a Internet. Para ello se criminaliza
constantemente al usuario y al proveedor de tecnologías, comparándolos
con los grupos que vulneran sistemáticamente y con ánimo de lucro los
derechos de propiedad intelectual y las mafias que los sustentan.
Y es ahora, cuando Administración, empresas y ciudadanos están haciendo
un amplio esfuerzo para impulsar la Sociedad de la Información en España,
que permita mejorar la competitividad y productividad de nuestro país,
cuando pretende introducirse un elemento de distorsión de este proceso.
Un anacrónico e injusto "canon" daría al traste con este esfuerzo
colectivo.
Ante esta situación rechazamos el establecimiento de cualquier
canon que grave los soportes, equipos, redes de comunicaciones o
tecnologías, a la vez que defendemos la utilización de los sistemas
digitales de control ya existentes para gestionar los derechos de autor.
No obstante, las organizaciones firmantes manifestamos nuestro total
respeto por el derecho a la propiedad intelectual y los derechos de los
autores de contenidos, cualquiera que sea su origen.
Asimismo, acatamos la legislación vigente y expresamos nuestra máxima
disposición para mejorar la colaboración con las autoridades judiciales y
policiales, y con las administraciones públicas, para la resolución y
esclarecimiento de aquellas actividades delictivas que se puedan producir
en torno al mal uso de las TIC, de forma y fondo debidamente armonizados
con la legislación europea.
Mostramos nuestro rechazo a que los que fabrican soportes y
equipos o gestionan redes de telecomunicaciones, sean corresponsables de
los contenidos que se almacenan o se mueven por ellas.
La responsabilidad debe de recaer únicamente en aquel que introduce los
contenidos en los soportes, en los equipos o en las redes.
Es legalmente imposible para un fabricante, proveedor de servicios u
operador de telecomunicaciones, conocer todos los contenidos que circulan
en sus redes. Una obligación en este sentido, además de entrar en
conflicto con la legislación española y europea del más alto nivel,
violaría el derecho de los ciudadanos al secreto de las comunicaciones, y
generaría serios retos legales para la protección de la privacidad.
Es necesario crear un ambiente de confianza entre los ciudadanos
y no admitir que se equipare al usuario o al proveedor de tecnologías con
aquellos que, al margen de la ley, se lucran ilegítimamente vendiendo
contenidos de terceros.
Vivimos un momento en el que cualquier soporte o red sirve para almacenar
o transmitir todo tipo de contenidos. La experiencia demuestra que el
acceso en condiciones razonables a contenidos de la Sociedad de la
Información reduce el problema de la vulneración de derechos de autor.
Un clima de confrontación, como consecuencia de un "canon" de este tipo,
frenaría la incorporación de muchos ciudadanos a la Sociedad de la
Información, lo que afecta a nuestro futuro como país y como sociedad,
profundizando la denominada "brecha digital". El futuro pasa
necesariamente por el uso masivo de las TIC, tanto en el trabajo como en
el hogar.
Por tanto, los abajo firmantes:
- Rechazamos cualquier sistema de "canon digital" para soportes, equipos,
redes y servicios de telecomunicaciones.
- Exigimos el uso único y masivo de TPMs y DRMs para la protección de los
derechos de autor, bajo el principio de libertad tecnológica.
- Y abogamos por la participación de todos los agentes involucrados en la
búsqueda de soluciones adecuadas y sostenibles en el nuevo entorno
digital, que permitan el desarrollo de la Sociedad de la Información en
España, la mejora de la competitividad y productividad de sus empresas y
la libertad de acceso de sus ciudadanos a los contenidos.
Organizaciones firmantes:
AETIC (Asoc. de Empresas de Electrónica,
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones)
Jesús Banegas Núñez
AI (Asociación de Internautas)
Victor Domingo Prieto
AMI (Asociación de Música en Internet)
Santiago Ureta Domingo
ANEI (Asoc. Nacional de Empresas de Internet)
Miguel Errasti Argal
ASIMELEC (Asoc. Multisectorial de Empresas
Españolas de Electrónica y Comunicaciones)
José Pérez
ASTEL (Asoc. de Empresas Operadoras y de
Servicios de Telecomunicaciones)
Lionel Fernandez
AUI (Asociación de Usuarios de Internet)
Miguel Pérez Subías
CC.OO. (Comisiones Obreras)
Ignacio Fernández
CEACCU (Confederación Española de
Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores
y Usuarios)
Isabel Ávila
CECAP (Confederación Española de Centros de
Formación y Academias Privadas)
Heliodoro Jiménez Peral
COIT (Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación)
Enrique Gutiérrez Bueno
Madrid, 12 de abril de 2005
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