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El 22 de abril la justicia francesa sentenció que las distribuidoras Films Alain Sarde y Studio Canal debían retirar la protección anticopia en el DVD Mulholland Drive, en aplicación del derecho a la copia privada que asiste a los consumidores.

La sentencia fue todo un golpe a la industria multimedia francesa que venia apostando por los sistemas anticopia como freno a la difusión indiscriminada de sus protecciones a través de internet aunque de esta manera colisionará con un derecho reconocido a los compradores.

Ahora dos meses después, un grupo de abogados franceses ha presentado una petición al Tribunal de Comercio de PARIS para que aplique esta sentencia a los grandes del sector: Warner Bros France, Gaumont Columbia Tristar Home Video, TF1 Video, Buena Vista Home Entertainment y Universal Pictures France.

Para los abogados franceses estas productoras están aplicando en sus producciones sistemas similares que en la sentencia del 18 de abril se demostraron contrarias a los derechos del consumidor en concreto "de la privación de la facultad de copia privada consagrada por la ley".

Procedimiento colectivo

A diferencia de otras demandas, en esta ocasión el grupo de abogados ha apostado por el sistema de procedimiento colectivo ("class actions" ), un sistema utilizado muy frecuentemente en los EEUU.

En este sistema los abogados inician una acción por cuenta de un grupo de personas que se sienten perjudicados por una decisión o actuación de una empresa o institución.

Los consumidores que se sientan perjudicados pueden sumarse a esta acción judicial ampliando de esta manera el grupo de demandantes.

Entrar a formar parte de este grupo costará a cada consumidor unos 12 euros y pueden inscribirse en línea a través del portal creado para esta acción: www.Classaction.fr .

En los EEUU las leyes permiten que los abogados presenten una acción legal de estas características sin contar a priori con el apoyo de las personas o consumidores que puedan estar afectadas. En Francia, esa posibilidad no existe y los abogados deberán poseer un mandato previo de los perjudicados.

Además de solicitar la retirada de los sistemas anticopia los abogados piden una indemnización de 1.000 euros para todos aquellos afectados por este sistema que invalida la copia.